La recurrida no tuvo en cuenta la situación familiar del actor, el cual se encuentra amparado por el artículo 74 del Estatuto Administrativo, que tiene como fin último evitar alejar a funcionarios que tengan vínculo familiar con residencia en la misma localidad que sean separados por actos de la autoridad administrativa.

Con todo, declaró que la recurrida debe ajustar su actuar a futuro a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Ley N°21.091, sobre Educación Superior, que consagran la importancia de la continuidad de los estudiantes con discapacidad en el sistema de educación y la implementación de los ajustes que deben realizar las casas de estudios

Las restricciones practicadas fueron aplicadas en conformidad al capítulo 1-14 de la Recopilación de Normas dictadas por la SBIF, que señala que en el caso de operaciones no habituales de un usuario, el banco debe exigirle una declaración sobre el origen de los fondos retirados y acompañarla con documentación que la sustente.

Ha debido soportar daños y angustias fruto de la ausencia de reparación, mantención y limpieza de la cámara de inspección superior, del alcantarillado de los muros de contención, y las canaletas de aguas lluvias del Liceo recurrido.

La sanción impugnada fue practicada por autoridad competente, en los casos y la forma que establece la ley sin que se divise la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria que deba enmendarse mediante acción de protección.

El recurso de protección permite darle aplicación solo a derechos de carácter indubitado que hayan sido amagados por un acto ilegal o arbitrario, no constituye una instancia de declaración de derechos.

Al recurrente le fue aplicada una sanción mediante resolución fundada dictada por autoridad competente en conformidad al Reglamento de la Institución.

Las faltas deben ser ponderadas en virtud del principio de proporcionalidad, debiendo ser congruente el castigo a imponer al daño provocado al Servicio.

La legislación chilena no regula el contrato de cuenta corriente como un contrato autónomo, sometiéndose a las reglas del depósito irregular del Código Civil.

La acción de protección no es la vía idónea para impugnar potestades que el constituyente ha radicado de manera exclusiva en el poder ejecutivo, en especial durante un Estado de Excepción Constitucional.