Aun cuando la entidad edilicia haya recuperado la administración de la macroferia, no puede desconocer, sin mediar justificación razonable, la larga data de ocupación de los recurrentes.
Los hechos denunciados eventualmente podrían constituir vulneración de garantías constitucionales tuteladas por el artículo 20 de la Constitución.
Los hechos denunciados deben ser discutidos y probados en un juicio de lato conocimiento, lo que se contrapone con la naturaleza cautelar de la acción de protección.
La autoridad no puede exigir una solicitud formal si niega la petición del actor, sin emitir por escrito un acto administrativo que contenga los razonamientos.
La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó el recurso de protección al estimar que no se cumplía con las exigencias reglamentarias.
La actora fue sancionada gravemente sin que existiese una verdadera supervisión previa, en circunstancias que el organismo debe verificar hasta tres el supuesto incumplimiento antes de aplicar la sanción impugnada.
El cumplimiento de las deudas universitarias se debe exigir mediante las acciones jurisdiccionales correspondientes, por lo que otra alternativa deviene en ilegal y arbitraria.
El municipio vulneró la garantía contemplada en el artículo 19 N°2, al no respetar cánones que son protectores para todas las trabajadoras que gozan de fuero maternal.
El procedimiento concursal de la persona natural regulado en la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, permite que el deudor pueda obtener una liberación de responsabilidad por las deudas anteriores al concurso por medio de la extinción de las mismas, cuestión que la doctrina jurídica comparada ha denominado un discharge o descarga de deudas.
Si bien no se demostró que las obras construidas por el recurrido afectan la propiedad del actor, sí quedó acreditado que aquel, ha entorpecido el libre tránsito, por lo que su actuar devino en ilegal y arbitrario.
