Si bien el recurrido ejerció la facultad contemplada en la Ley 19.537, su aplicación vulneró el derecho a la vida y a la salud del actor, por lo que su actuar devino en ilegal y arbitrario.
La Municipalidad actuó dentro del marco de las facultades que la ley le otorga, lo que lleva a descartar un actuar arbitrario o ilegal de su parte.
El sumario administrativo es el único medio idóneo para establecer los hechos que constituirían el fundamento de la destitución decretada, por lo que al no realizarse, tornó en ilegal la medida aplicada.
El recurrente no proveyó los antecedentes indispensables para acoger su solicitud, circunstancia que le es completamente imputable, excluyendo de este modo la arbitrariedad e ilegalidad alegadas.
En el caso sublite, no existe una preponderancia a priori de un derecho respecto del otro, ya que ambos (derecho a la honra v/s libertad de expresión) son denominados de segunda línea, a diferencia, a todo ejemplar, de la vida, integridad física, igualdad, entre otros.
El Tribunal de alzada estableció que el actuar de las organizaciones públicas al rechazar las licencias médicas por “reposo injustificado” es ilegal y arbitrario.
Ante la falta de acuerdo entre los contratantes, los tribunales son los únicos que pueden dar por terminado un contrato de arrendamiento cuyo plazo aún está vigente.
Los dichos de la autoridad obedecieron a la necesidad de dar cuenta de las gestiones efectivas que estaban realizando las policías, las cuales habían permitido la detención del actor.
La Carta Fundamental establece una acción especial para reclamar una infracción a las reglas de procedimiento aplicables a la Convención, lo que deriva en la improcedencia de esta vía cautelar.
Los vecinos alegan que la omisión denunciada permitió la expansión de la “toma”, trayendo como consecuencia contaminación, incivilidades y delincuencia en el barrio.
