Al negarle al actor la posibilidad de recurrir en contra de dicha resolución, se ha mermado su derecho al recurso, y por tanto, vulnerado la garantía constitucional de igualdad ante la ley.
El Tribunal de alzada acogió la acción de protección, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario de la prestadora de salud privada al denegar la prestación, vulnerando el derecho constitucional a la vida y a la integridad física y síquica del recurrente.
La controversia debe ser discutida y probada en un procedimiento declarativo, lo que se contrapone con la naturaleza cautelar de la acción de protección.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
El actuar de la recurrida deviene en arbitrario al infrigir abiertamente los criterios de derivación de pacientes establecidos, lo que se traduce en una transgresión al derecho de propiedad.
La interpretación de las disposiciones sobre materia arancelaria de los Conservadores, debe ajustarse siempre al carácter público de su función.
La acción carece de la arbitrariedad o ilegalidad denunciada, siendo improcedente la revisión del asunto por esta vía.
Ante la modificación del proyecto, se solicitó la extensión del plazo del segundo período de participación ciudadana, sin existir pronunciamiento por la recurrida.
El estudiante al cambiarse a la misma carrera en otra universidad, no ha incurrido en la causal de pérdida del CAE.
La conducta de la recurrida resulta arbitraria, en tanto afecta la confianza legítima de la actora, toda vez que le ha otorgado su cédula de identidad hace más de cincuenta años.
