Es la justicia penal la que puede actuar a través de las herramientas que entrega la ley para tal cometido, en especial si se halla involucrada la garantía constitucional de la propiedad.
Se advierte que se aplicó la sanción sin un procedimiento administrativo previamente tramitado, por lo que el administrado no tuvo oportunidad de ejercer su derecho a defensa.
La honra y la libertad de opinión se encuentran en el mismo nivel de derechos humanos protegidos por la Constitución, y el ejercicio de un derecho no puede amparar la lesión a la dignidad moral del recurrente.
El actuar de las recurridas es arbitrario y amenaza la garantía consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución, pues le niegan el acceso a un medicamento necesario para la sobrevivencia de la actora.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
El Tribunal de alzada estableció que la entidad recurrida debe devolver los dineros a sus legítimos dueños: los cotizantes de la prestadora de salud, cuya cartera de afiliados fue absorbida por la isapre Nueva Masvida.
El pronunciamiento del COMPIN resulta vinculante para el servicio público y si declara que la salud del funcionario es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 151 de la Ley 18.834.
Se acreditó que la notificación nunca fue practicada, por lo que resulta vencida la presunción simplemente legal del artículo 46 de la Ley 19.880, y en su lugar debe acudirse al principio de primacía de la realidad.
El máximo Tribunal estableció el actuar ilegal y arbitrario de la entidad bancaria al negarse a devolver a la recurrente los US$5.532,32 sustraídos a través de ocho operaciones fraudulentas.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la cartera recurrida al no considerar a los trabajadores que perderán su fuente de ingresos con la implementación del plan de descarbonización de la matriz energética nacional.
