Se acreditó que la notificación nunca fue practicada, por lo que resulta vencida la presunción simplemente legal del artículo 46 de la Ley 19.880, y en su lugar debe acudirse al principio de primacía de la realidad.
El máximo Tribunal estableció el actuar ilegal y arbitrario de la entidad bancaria al negarse a devolver a la recurrente los US$5.532,32 sustraídos a través de ocho operaciones fraudulentas.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la cartera recurrida al no considerar a los trabajadores que perderán su fuente de ingresos con la implementación del plan de descarbonización de la matriz energética nacional.
Los hechos denunciados y las peticiones del actor exceden las materias que deben ser conocidas por el recurso atendida su naturaleza cautelar.
Existe una omisión arbitraria por la Municipalidad al no haber realizado actividades concretas de coordinación con la empresa inmobiliaria para aminorar el impacto de las obras denunciadas.
El recurrido incurrió en un acto arbitrario e ilegal, que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19, Nº3, inciso 5º, de la Constitución, al asumir en la práctica la función de juzgar.
La recurrida no cuenta con la potestad para impedir en forma permanente al actor ejercer la actividad que le permite procurarse un sustento económico.
No se acreditó que los actores solicitaran asistencia a la recurrida, y dado que ésta informó haber solucionado la emergencia no existen medidas que adoptar.
El actuar de la recurrida resultó ser arbitrario, pues aún cuando notificó por correo electrónico al actor, desconoció sus alegaciones de haber recibido información incompleta del proceso.
El recurso carece de la idoneidad suficiente para resolver la controversia en esta instancia, pues las pretensiones deben ser planteadas en un juicio de lato conocimiento.
