Mantener aquella deuda con posterioridad a la sentencia firme en un proceso de liquidación voluntaria, amenaza la igualdad con que la actora debe ser tratada respecto a otras personas sin antecedentes comerciales.
No hay ilegalidad o arbitrariedad en la publicación de la Asociación para la Paz y Reconciliación de la Araucanía, en tanto constituye un relato de hechos que habría afectado a los propietarios del Fundo Huichahue, sin ser una ofensa hacia los recurrentes.
Cualquier restricción a la libertad de expresión debe ser interpretada restrictivamente, y se debe preferir el establecimiento de las responsabilidades por los eventuales abusos que se cometan en su ejercicio.
Se tuvo presente la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que declaró inaplicable el artículo 33 Nº2 de la Ley en comento, en cuya virtud se impuso la sanción impugnada.
La resolución impugnada amenaza la garantía constitucional del artículo 19 Nº21 de la Constitución, pues arbitrariamente desatendió los fundamentos de los anteriores actos normativos que buscaban a mitigar los efectos negativos de la situación pandémica.
Establecer si las recurrentes tienen un derecho adquirido a mantener dichos dineros, implica un pronunciamiento de naturaleza declarativo, no siendo ésta la vía idónea para resolver el conflicto planteado.
El cierre unilateral de la cuenta que se reprocha no aparece realizado con infracción de ley o por mero capricho, sino como consecuencia de un mal empleo de la cuenta corriente por la actora.
Los recurridos al desestimar la solicitud de la actora mediante expresiones genéricas, no le permiten comprender el motivo de su decisión, lo que amenaza el derecho a la igualdad ante la ley.
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Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
