Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
Al existir un juicio de lato conocimiento por los hechos denunciados, el presunto derecho vulnerado no se encuentra indubitado.
Se acreditó que las autoridades sectoriales adoptaron medidas para evitar los daños ambientales que lograron poner término a la emergencia acaecida.
Corte Suprema revocó la sentencia en alzada y dejó sin efecto esa medida, pero confirmó en lo demás la sentencia apelada.
El Tribunal de alzada estableció que la adopción de campañas sanitarias corresponde a políticas públicas privativa del Ejecutivo y que no corresponde a los tribunales establecer su pertinencia.
Al acreditarse los trabajos de construcción y la consecuencia de la destrucción del muro, se puede concluir que ésta se produjo por tales obras, por lo que corresponde su reparación.
La dilación manifestada en el recurso no es suficiente para obviar los requisitos exigibles para el desarrollo de la actividad que se pretende.
Solicitan se incorpore la variable terrestre, pH, temperatura y sedimientos submareables en proceso de revisión del artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300 de la RCA del proyecto “Central Termoeléctrca Angamos”.
La Corte sostiene que, en atención al riesgo que existe de ocasionar un daño irreparable al ecosistema, en el evento de ser efectivos los hechos denunciados, se debe acoger el recurso.
La expulsión del recurrente fue ilegal, al haberse adoptado por un órgano incompetente, erigiéndose el recurrido en una comisión especial proscrita por el artículo 19, 3, inciso 5º, de la Carta Magna.
