El Tribunal de alzada desestimó la acción constitucional, tras establecer que la autoridad recurrida actuó dentro de sus facultades al disponer la inoculación para proteger la salud pública del país.
El máximo Tribunal dio 15 días de plazo a la administración para adecuar los dispositivos a la norma legal, cuyo incumplimiento ha perturbado y amenazado seriamente la integridad psíquica del recurrente, cuyo departamento se ubica sobre las fuentes emisoras de los ruidos molestos, las que funcionan día y noche.
El máximo Tribunal estableció el actuar ilegal de la administradora de fondos, al contravenir el ordenamiento jurídico vigente que, desde la publicación de la Ley N°21.309, en casos excepcionales autorizar el retiro anticipado, por medio del recálculo de la pensión de afiliados y pensionados calificados como enfermos terminales.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la autoridad recurrida al denegar la petición sin entregar una justificación o fundamento del rechazo.
El tribunal estima que el daño emergente efectivo imputable a este, que se refiere única y exclusivamente al brazo desprendido, no supera el millón de pesos, suma con la que estimamos se satisface la pretensión del actor, por lo que se hará lugar a la demanda civil de indemnización de perjuicio solo en cuanto se establece ésta en la suma de $1.000.000.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de Fonasa al negarse a financiar el tratamiento recibido por el paciente en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, debido a la incapacidad del primer prestador, el hospital San Borja Arriarán, de otorgarle oportunamente las atenciones que requería.
El fallo consideró que, según lo dispuesto en el artículo 54 de la ley Nº19.880, una vez planteada una reclamación ante la Administración se entiende interrumpido el plazo para ejercer la presente acción jurisdiccional.
La recurrida alegó que la cobertura de siniestros no es un derecho preexistente e indubitado, sino una mera expectativa.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar y declaró arbitrario el actuar de las recurridas al mantener la cobranza extrajudicial, tras el inicio de proceso judicial.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer actuar ilegal y arbitrario de la casa de estudios.
