El Tribunal de alzada acogió parcialmente la acción constitucional, tras concluir que las expresiones vertidas por la recurrida APRA, por medio de la red social, “sin otorgar una posibilidad de respuesta o contra argumentación de la contraria, no pueden tener por objeto sino afectar la honra de quienes son sindicados como ‘violentistas’, cuestión que en el caso concreto se verifica, toda vez que las expresiones vertidas importan un menoscabo a las personas de los actores”.

El recurrente fue condenado como autor del delito tipificado en el artículo 161-A del Código Penal que castiga a quien capte conversaciones o comunicaciones privadas en lugares que no sean de libre acceso al público.

El fallo sostiene que, si publicación fue eliminada de la red social, aquello que constituía el acto recurrido ya no existe, lo que impide que se acoja el arbitrio.

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia recurrida, dictada el 7 de noviembre de 2020 por el Juzgado de Letras de Ancud, que acogió la demanda de indemnización de perjuicios y condenó a la empresa a pagar $15.000.000 por daño moral, con los reajustes e intereses que indica, más el pago de las costas del juicio.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas.

El acto lesionaría gravemente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la igualdad ante la ley, sostienen los recurrentes.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la recurrida al autorizar la ampliación del centro comercial, en contravención al plan regulador comunal que asigna al sector un uso preminentemente residencial.

El máximo Tribunal revocó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal del ente contralor, al no interpretar retroactivamente el dictamen que estableció que las funcionarias públicas contratadas a honorarios gozan de fuero maternal.

Comisión Médica de la Superintendencia integrada por miembros diversos deberá adoptar una decisión debidamente fundada acerca de la condición de salud y grado de invalidez de la recurrente.

El acoso comunicacional implica una afectación a la integridad psíquica de la recurrente que debe cesar.