Desde la entrada en vigencia de la Ley N° 21.331, las diferencias entre coberturas se encuentran proscritas, comprendiendo en ello los contratos de salud celebrados con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, como los que fueron suscritos con anterioridad a ella.

La Segunda Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la parte recurrida al rechazar dos licencias presentadas por la madre por enfermedad grave del hijo.

La falta de competencia de la universidad para investigar y sancionar los hechos denunciados no implica desconocerlos, restarles gravedad o verosimilitud a la versión de la denunciante, empero ello no desvirtúa la circunstancia esencial de que es otra la autoridad llamada a llevar adelante dicha investigación y aplicar, si procediere, alguna reprensión.

La Tercera Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al continuar con cobros objetados por la SEC. 

La Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción cautelar, tras desestimar la extemporaneidad alegada por prestadora de salud.

La Tercera Sala del tribunal de alzada estableció que la isapre incurrió en una acción arbitraria e ilegal que afectó el derecho de propiedad de la afiliada, quien tuvo  que pagar un monto superior por su plan de salud, al que se estima ajustado a derecho.

El fallo plantea una serie de acreditaciones como motivación del acto administrativo, propio del control jurisdiccional latente en un Estado de Derecho, elevando un estándar de justificación de Seguridad Nacional para desestimar el arraigo familiar del penado con más de 1.841 kilómetros de distancia.

Es en el proceso arbitral donde debe revisarse si la solicitud de embargo de bienes y la resolución que lo dispone afectan derechos de terceros en la fase de ejecución del fallo, conforme dispone el artículo 233 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil.

El hecho en que la recurrente basó su recurso y sobre el que ha solicitado la tutela constitucional ha sido negado por la recurrida, sin que ésta hubiere acompañado antecedentes alguno que pudiera acreditarlo.

La Primera Sala del tribunal de alzada cogió la acción constitucional, tras establecer el actuar arbitrario de las recurridas que denegaron la compra y suministro del medicamento.