El Tribunal de alzada rechazó el recurso, tras establecer que el actuar de la parte recurrida se ajusta a la normativa institucional vigente, sin que se le pueda formular reproche de ilegalidad.

El acto priva al recurrente del legítimo ejercicio a su derecho a la integridad psíquica, a la igualdad ante la ley y a la propiedad.

El máximo Tribunal estableció que la acción cautelar no es la vía idónea para impugnar la resolución del ente recaudador, la que debe recurrir ante los tribunales tributarios y aduaneros.

El Tribunal de alzada rechazó la acción constitucional presentada por la Agrupación de Emprendedores Social Cultural Quebrada Encantada de Arica, tras establecer que la secretaria regional cuenta con facultades para solicitar la restitución voluntaria del predio y, de no obtenerlo, ordenar el desalojo de los ocupantes ilegales.

La recurrente habría incumplido con su obligación de rendir, anualmente, cuenta pública del uso de todos sus recursos, incluyendo la acreditación de disponibilidad de saldos.

La decisión fue acordada con la prevención del Ministro Muñoz, quien concurre a la decisión revocatoria, pero teniendo únicamente en consideración que, a diferencia de lo sostenido en la sentencia, en la especie no sólo se está en presencia de una actuación arbitraria.

El Tribunal de alzada estableció la improcedencia de emitir pronunciamiento sobre un proceso en tramitación, al haber devuelto el ente contralor, con reparos, el sumario administrativo abierto al facultativo.

La recurrida no tiene ni la autoridad ni la facultad para solicitar mediante resolución exenta la restitución del inmueble donde se sitúan las viviendas.

El Tribunal de alzada acogió la cautelar deducida al considerar que la negativa del interno a alimentarse es una amenaza grave a garantías constitucionales.

Los recurrentes solicitaban el cese de las obras, ya que su ejecución vulneraría sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nº 8 de la Constitución.