Los actos administrativos que declararon la vacancia del cargo, no respetaron la garantía constitucional que establece que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales.
También se ordenó a Dicom abstenerse de continuar publicando la morosidad informada por la Universidad Andrés Bello respecto del actor.
El máximo Tribunal señala que el Servicio ha incurrido en una desviación de poder.
Los recurrentes estiman vulneradas las garantías constitucionales del derecho a la integridad física y psíquica y la protección a la honra de la persona.
El requirente estimó vulnerada la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad.
El recurrente estimó infringido el derecho de propiedad y el debido proceso.
Se dispuso que el Banco entregue al recurrente una tarjeta Redbanc asociada a su cuenta, previa comprobación de su identidad mediante la exhibición de documento idóneo.
La decisión fue adoptada con la prevención del Abogado Integrante Pierry y el voto en contra del Ministro Muñoz.
La decisión fue adoptada con los votos en contra de la Ministra Sandoval y el Ministro Aránguiz, quienes estuvieron por confirmar la sentencia apelada, por compartir sus fundamentos.
La decisión es arbitraria, adujo el fallo, en la medida que fue adoptada en el fragor de los reclamos de la comunidad escolar del Liceo.
