La recurrida rechazó la solicitud de renovación sin considerar que la falta de actividad comercial del supermercado no es un hecho imputable a la recurrente, ya que deriva de actos de fuerza mayor que han devenido en la imposibilidad para ejercer su giro.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de la policía civil al considerar que el funcionario solo podía obtener el beneficio si se trasladaba junto a su antigua cónyuge, de la cual se separó de mutuo acuerdo en 2011.
La acción constitucional no cumple con las exigencias copulativas que exigen las normas constitucionales y el Auto Acordado en la materia.
El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario del Servicio de Salud de Chiloé por desvincular a la doctora por supuestamente prestar servicios en forma transitoria, cuando en realidad realizó reemplazos por casi un año.
La resolución que sancionó al actor carece de la expresión de los motivos que fundamentaron la decisión, lo que constituye una condición mínima de racionalidad y un elemento de la esencia de toda medida sancionatoria.
Si bien los hechos podrían importar una vulneración a las garantías de los números 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución, de los antecedentes acompañados no es posible determinar efectivamente la responsabilidad de la recurrida.
La recurrente acusa que el actuar de la ANFP es ilegal y arbitrario, ya que aplica de forma desigual lo acordado por su Consejo de Presidentes, privándola de la cuota de indemnización a la que tiene derecho luego de descender de división.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de las entidades públicas al decidir que no procede la consulta indígena por, en su opinión, no existir afectación a las comunidades que habitan y utilizan espacios ceremoniales y culturales en zonas que serán intervenidas.
Para el máximo Tribunal, en este escenario fluye que la Conadi ha incurrido en una demora excesiva en la tramitación de la petición administrativa que, si bien no justifica la irrupción que ellos hicieron en el predio de la actora, obliga a que esta Corte, en pos del restablecimiento del imperio del derecho y la búsqueda de la debida protección de los afectados, disponga que a dicho procedimiento deberá dársele curso con la mayor celeridad posible.
El máximo Tribunal estableció que se encuentra amenazado el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, al realizar obras al interior de un área protegida.
