El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario y discriminatorio del Ministerio de Salud al prohibir la asistencia a misas dominicales y, en paralelo, autorizar otras reuniones o actividades grupales, como la asistencia a gimnasios.

La recurrente carece de un derecho indubitado, ya que se encuentra en discusión la vigencia del contrato de arrendamiento que existió entre la actora y la inmobiliaria sobre los locales del boulevard.

El causante falleció sin dejar testamento, por lo que basta que la actora acredite su calidad de hija para solicitar sus antecedentes médicos.

El proyecto a desarrollar por la Gobernación Regional de Valparaíso constituye un estudio básico y previo que dará lugar a un futuro Plan de Gestión, por lo que no constituye un acto que genere un impacto directo sobre los derechos de la recurrente.

La Corte de alzada señaló que, en los procedimientos policiales en que le corresponda intervenir a Investigaciones de Chile, dicha policía deberá actuar con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose de afectar los derechos fundamentales de niños, niñas y/o adolescentes, adoptando las medidas correctivas en los procesos de formación de sus funcionarios.

No es plausible entender que la entrevista no se pueda llevar a cabo por falta de recursos tecnológicos del centro penitenciario, siendo que se puede realizar con dispositivos de disponibilidad masiva.

Se verificó que el actor causó un agravio a los bienes fiscales incumpliendo sus deberes laborales, por lo que es responsable administrativamente y fue sancionado en conformidad a derecho.

Para declarar la cesación del cargo de un empleado público que ha hecho uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, la COMPIN debe declarar previamente que su estado de salud es irrecuperable.

El máximo Tribunal estableció el deber irrenunciable del Estado de suministrar agua potable a la población; obligación adquirida al suscribir diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos.

La Seremi de Salud incurrió en una discriminación arbitraria al prohibir a la actora vender artículos de librería, ya que permite que comercios de mayor tamaño vendan dichos artículos.