El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar al considerar que la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social de rechazar las licencias médicas es ilegal.
El actuar del recurrido constituye un acto de autotutela ilegal que impide el libre acceso del actor a un camino público que ha sido utilizado por los habitantes del sector durante más de 40 años.
El derecho al olvido que protege al actor obliga a las empresas periodísticas recurridas a complementar su información dando a conocer la resolución que declaró su sobreseimiento definitivo.
Los establecimientos educacionales que recibían subvención a través del sistema de financiamiento compartido seguirán afectos a ese régimen hasta el año escolar en que su cobro máximo mensual promedio por alumno sea igual o inferior a su aporte por gratuidad.
No existe ningún antecedente que acredite la falta de oportunidad de la actora para aportar antecedentes médicos a la Armada, ya que luego de analizar todo su historial médico resolvió su retiro.
No existe una norma que permita al Superintendente aumentar la sanción que impuso a un establecimiento educacional al conocer una reclamación administrativa.
El proyecto en evaluación no corresponde a un “proyecto de desarrollo minero”, por lo que no corresponde abrir un proceso de participación ciudadana.
Las peticiones formuladas por el recurrente exceden las materias que deben ser conocidas por el recurso de protección atendida su naturaleza cautelar.
El máximo Tribunal estableció que la falta de una oferta programática, coordinada e integral vulnera el derecho a la vida e integridad física y síquica de la menor, consagrado constitucionalmente y en tratados internacionales suscritos y vigentes en Chile, como la Convención de Derechos del Niño.
El artículo 13 del DFL N°2 de 1996 autoriza y obliga al MINEDUC a reliquidar y realizar descuentos en las subvenciones escolares en relación con el promedio de asistencias de los establecimientos educacionales.
