Se vulnera el derecho de propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución.
La decisión fue adoptada sin efectuar previamente una investigación de los hechos que motivaron la exclusión de la recurrente, ni menos aún que se le haya permitido a la recurrente formular sus descargos.
La resolución afirma que el actuar del juez al no dejar alegar al Ministerio Público, presente en la audiencia, constituyó un acto arbitrario, el cual debe ser remediado por la vía de esta acción cautelar de protección.
El recurrido instaló una cámara de video vigilancia dentro de los límites de su propiedad, sin que se haya demostrado que la cámara de vigilancia represente una amenaza ni menos prive o perturbe los derechos fundamentales del recurrente.
La actuación de la Municipalidad no es arbitraria al estar fundada en el resguardo de las vías y espacios públicos y en el libre tránsito que se debe permitir a los peatones y los vehículos, refiere el voto en contra.
Es al órgano jurisdiccional, dentro de las facultades inquisitivas que van ínsitamente vinculadas a estos arbitrios, a quien concierne exclusiva y excluyentemente determinar respecto de quién se otorga la protección, y el cómo, el cuándo y la forma en que materializará la misma.
Además, de las copias de los mensajes acompañados se desprende que aquellos no contienen expresiones, juicios o calificativos difamatorios, ante los cuales pueda reaccionarse mediante una acción cautelar.
La Primera Sala del tribunal de alzada acogió el recurso al estimar que se han vulnerado los derechos de los tres menores, por tanto se ordena al Servicio Mejor Niñez retomar las gestiones pertinentes con el personal del Hospital Josefina Martínez y el Servicio Nacional de Discapacidad para brindarles un acogimiento adecuado conforme a sus necesidades que permita su desarrollo integral, junto a los apoyos técnicos y administrativos necesarios, conducentes para restablecer el imperio del derecho.
Las recurridas sólo han dado cabal cumplimiento a la normativa que rige la exhumación y traslado de cadáveres de acuerdo a la reglamentación que regula la materia.
Conforme lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N°19.728, que establece un seguro de desempleo, para que los afiliados tengan derecho a una prestación por cesantía, deben reunir, entre otros requisitos, el señalado en su letra d), esto es, encontrarse cesante al momento de solicitar la prestación.
