El Tribunal de alzada acogió la acción de protección al estimar que el actuar de la universidad vulnera las garantías fundamentales de la recurrente.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del banco al proceder a realizar el descuento en forma unilateral.
Se vulnera la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, dado que es un derecho de la alumna ser tratada en un proceso sancionatorio, como el que se llevó en su contra, en iguales condiciones que otros niños en igual situación.
El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario de la prestadora de salud al ir en contra, además, de la circular de la Superintendencia de Salud que instruyó a las isapres sobre las equiparidad que deben brindar a los usuarios en coberturas y acceso a prestaciones de salud mental con relación a las prestaciones de salud general.
El procedimiento de investigación dista de lo que puede entenderse como debido proceso, toda vez que ha quedado constatado que no se produjo un período de descargos y no se informó ni permitió ofrecer prueba a los denunciados.
El afectado puede recurrir a los mecanismos que prevé la Ley N°19.733 y a los procedimientos infracciónales previstos de la Ley N°18.838 ante el CNTV.
Los hechos a que se refiere esta acción se encuentran sometidos al imperio del Derecho en la sede competente, ante el Ministerio Público. Además, la recurrente también puede solicitar la asesoría letrada gratuita o no, en defensa de sus intereses, ante el tribunal competente.
Debe atenderse a las dañosas consecuencias que el cumplimiento de la orden de arresto puede tener para la salud del amparado, lo perturba su derecho a la seguridad individual, garantizado en el artículo 19 número 7 de la Constitución.
El Presidente de la República o la autoridad facultada para ello de manera libre pueden designar y remover a ciertos funcionarios en la Administración, en orden a que, o bien son parte de un proyecto político, o son sensible a dicha área, quedando sometidos los criterios de la oportunidad y la conveniencia. La naturaleza de la función del actor lo somete a la decisión discrecional propiamente política de la autoridad encargada de su empleo público.
El corte eléctrico impide mantener refrigerada la insulina que requiere para el tratamiento de la diabetes que padece, haciendo peligrar así su vida e integridad física.
