El afectado puede recurrir a los mecanismos que prevé la Ley N°19.733 y a los procedimientos infracciónales previstos de la Ley N°18.838 ante el CNTV.
Los hechos a que se refiere esta acción se encuentran sometidos al imperio del Derecho en la sede competente, ante el Ministerio Público. Además, la recurrente también puede solicitar la asesoría letrada gratuita o no, en defensa de sus intereses, ante el tribunal competente.
Debe atenderse a las dañosas consecuencias que el cumplimiento de la orden de arresto puede tener para la salud del amparado, lo perturba su derecho a la seguridad individual, garantizado en el artículo 19 número 7 de la Constitución.
El Presidente de la República o la autoridad facultada para ello de manera libre pueden designar y remover a ciertos funcionarios en la Administración, en orden a que, o bien son parte de un proyecto político, o son sensible a dicha área, quedando sometidos los criterios de la oportunidad y la conveniencia. La naturaleza de la función del actor lo somete a la decisión discrecional propiamente política de la autoridad encargada de su empleo público.
El corte eléctrico impide mantener refrigerada la insulina que requiere para el tratamiento de la diabetes que padece, haciendo peligrar así su vida e integridad física.
El atraso por casi dos años en la tramitación de un sumario, resulta una demora arbitraria pues carece de fundamento razonable que el plazo legal de seis meses casi se cuadruplique.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del canal público al mantener en accesible el capítulo del programa Alma Negra “El crimen del profesor”, sin contar con el consentimiento de los parientes de la víctima.
La sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal, por lo que se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio de la Municipalidad de San Ignacio que desvinculó al funcionario por falta grave a la probidad.
El máximo Tribunal desestimó actuar arbitrario o ilegal en la dictación del reglamento cuestionado.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del servicio recurrido al rechazar la solicitud.
