Tampoco hubo afectación a la prohibición de juzgamiento por comisiones especiales, sino que se trató de una forma extrajudicial que la recurrida empleó para reclamar sus derechos.
Dentro de las garantías vulneradas están integridad física y psíquica y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por lo que cabe exigir a los servicios pertinentes la máxima diligencia en el desarrollo de sus labores, de forma tal que su tardanza o falta de coordinación no genere la perpetuación de las consecuencias perniciosas que se pretenden evitar.
La resolución denunciada como ilegal o arbitraria, no es sino una diligencia dentro de la tramitación de un procedimiento investigativo aún inconcluso. Recién ahora en ese procedimiento el recurrente puede hacer uso de su derecho a debatir las conclusiones y proposición primarias del Fiscal, presentar sus pruebas y, eventualmente, ejercer los recursos administrativos y legales que le asisten.
No existe un derecho indubitado de los recurrentes que deba ser protegido a través de este recurso, en cuanto, además, la recurrida informa que este proyecto no está aún en ejecución y tampoco se ha dictado el acto administrativo que así lo disponga.
El tribunal de alzada acogió las acciones cautelares, tras establecer el actuar ilegal, arbitrario y omisivo de la recurrida por las graves deficiencias advertidas las que emanan de pretéritos años y han sido permanentes e incrementadas con el transcurso del tiempo al no haber tomado oportunamente las acciones preventivas y reparadoras que cada establecimiento requería, lo que no se hizo por una evidente desidia.
La decisión de traslado por parte de Gendarmería no ha sido antojadiza ni infundada, ya que obedece a razones de buen servicio dada las necesidades de personal en los distintos recintos penitenciarios del país.
La exigencia no es acreditar los beneficios que le irrogaría al hijo o hija el ejercicio de la relación directa y regular con el padre o madre no custodio, sino, al contrario, qué elementos justificarían su denegación.
El recurso de casación en el fondo permite la invalidación de sentencias que hayan sido pronunciadas con infracción de ley, siempre que hayan tenido influencia sustancial en su parte resolutiva o decisoria, aún bajo los parámetros de desformalización y simplificación que caracterizan a las soluciones colaborativas.
Corresponde al derecho-deber que tiene el organizador de espectáculos de fútbol profesional de prohibir el acceso a eventos deportivos a todos quienes realicen o provoquen conductas que pongan en riesgo o amenacen la seguridad de las personas o bienes públicos o privados en eventos de fútbol profesional. Es en las instancias posteriores de reclamo y solicitud de alzamiento donde se resguarda el derecho de los afectados al debido proceso.
La Corte de Valparaíso concluye que la excesiva dilación importa una discriminación arbitraria e ilegal de la solicitante en relación con otros interesados quienes han obtenido respuesta oportuna.
