Se dedujo acción de protección en contra de la Contraloría General de la República, por cuanto emitió un dictamen en el cual señala que los abogados que actúan como defensores públicos licitados en el sistema procesal penal se encuentran afectos a la prohibición establecida en el artículo 61 de la Ley N° 20.000

Se dedujo acción de protección en contra de la Junta de Auxilio Escolar y Becas, (JUNAEB), por cuanto puso término anticipado a la contrata bajo la cual servía un funcionario.

Se dedujo recurso de protección en contra del Cuerpo de Bomberos de la comuna de San Carlos y del Consejo Superior de Disciplina del mismo, a fin de que se declare ilegal y arbitraria la medida de expulsión

Se dedujo recurso de protección en contra del Alcalde de la Municipalidad de Ñuñoa y en contra del Concejo Municipal de esa misma comuna, por la vulneración del derecho fundamental consagrado en el número 21, del artículo 19 de la Constitución Política de la República

“las autoridades recurridas han decidido el cierre de la Universidad del Mar y la cancelación de su personalidad jurídica, sobre la base de textos legales expresos, como lo son las normas contenidas en las Leyes N°s 18.956, de 1999, que reestructuró el Ministerio de Educación, 20.370, de 2009, que estableció la Ley General de Educación y, desde luego, el artículo 19 N° 10 de la Constitución Política de la República”

Los actores consideran que el acto recurrido resulta arbitrario e ilegal, por cuanto es discriminatorio al remover e intervenir tierra sagrada, además de que no se ha expedido ninguna resolución o autorización administrativa que se haya consultado, de manera previa, a las comunidades atacameñas en los términos exigidos por el artículo 6 del Convenio 169 OIT y por el artículo 34 de la Ley Nº 19.253, vulnerándose también el sistema de evaluación a que se refiere la Ley 19.300.

Se dedujo acción de protección en contra del Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama, por parte de un Diputado de la República y de la Comunidad Colla de Pai Ote –Cerro Celeste, a fin de que se declare ilegal y arbitraria la resolución N° 4 de fecha 3 de enero de 2013 que calificó ambientalmente […]

El recurrente  considera vulnerados sus derechos establecidos en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución, por cuanto, no obstante haber repactado su deuda, la compañía procedió a privarlo del suministro eléctrico.La Corte de Concepción acogió la acción constitucional, pero la Corte Suprema en alzada revocó el fallo y rechazó el recurso.El […]

“resulta patente la ilegalidad porque la extensión y contenido de un contrato de mandato surge y se agota entre las partes de esa convención, ellas son las que se obligan recíprocamente bajo ciertos presupuestos bilaterales y serán las mismas quienes pueden tener disensiones o acuerdos respecto de la forma en que se cumple el cometido, de suerte que los terceros ajenos a esta relación contractual no pueden emitir pronunciamiento sobre su contenido y/o amplitud, a menos que se trate de ilicitudes, que naturalmente no pueden ser planteadas ni discutidas en esta sede”.

“constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal –esto es, contrario a la ley- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él-, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas. Sólo en caso de darse alguna de las dos primeras exigencias, que no son copulativas, según surge de la redacción del citado artículo 20 de la Carta Política, cabría entrar al análisis de las garantías constitucionales que pudieren estar amagadas o afectadas”.