En al menos una conversación sostenida por el menor con un tercero se profirieron expresiones de connotación sexual que resultan humillantes, puestas en boca de la menor suplantada, afectando su derecho a la honra, reputación y a la propia imagen.
La Corte de Concepción señala que la conducta de la recurrida es censurable porque en su calidad de apoderada pudo acudir a los canales regulares para denunciar la conducta que reclama a la actora y no atacarla con insultos y amenazas a través de redes sociales.
La exigencia de deshacerse de uno de ellos descansa únicamente en una prohibición contenida en el Reglamento de Copropiedad que se extralimita en su regulación, sin expresión de los hechos concretos que fundamentan la solicitud.
El proceder del recurrido se aparta de un comportamiento racional dentro de una sociedad en la que existe un estado de derecho que no lo faculta a ejercer una suerte de actos de autotutela emocional.
Tesorería no tomó en consideración ciertos aspectos especiales de la deudora; una persona de más de 80 años, pensionada y con enfermedades, por lo que debe recibir todos sus antecedentes y evaluar un convenio de pago.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar deducida, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.
El Tribunal de alzada desestimó la acción de protección tras establecer que las medidas adoptadas por el liceo municipal no son arbitrarias ni ilegales.
Frente a la ocurrencia del accidente que afectó al niño, consta que el establecimiento educacional realizó la investigación interna que finalizó con una serie de medidas tendientes a evitar la reiteración de los hechos.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal de Aguas del Valle y lo insuficiente de las medidas y compromisos de la Superintendencia para controlar la situación.
Las publicaciones reprochadas no tienen una finalidad informativa, sino que propenden a generar una afectación en la honra de la recurrente, llamando a “funarla”.
