Se dedujeron recursos de protección por parte del Centro Experimental Artístico de Antofagasta en contra del Secretario Ministerio de Educación de la Región de Antofagasta por haber dictado un acto por medio del cual le exige al recurrente ciertos requisitos para acceder a la solicitud de cambio de modalidad de financiamiento del establecimiento educacional que […]

“el inmueble de autos constituye un Área Verde, condición que ostenta desde antes del Plan Regulador Comunal de 2007 y, a lo menos, desde el año 1975. El nuevo Plan Regulador lo que hizo fue reconocer y mantener una situación ya establecida”

“No aparece que lo actuado por la autoridad recurrida, configure algunos de los supuestos de la garantía esgrimida por los trabajadores recurrentes, toda vez que la situación que a ellos afecta deriva de incumplimiento, por parte de la empresa a que pertenecen, de exigencias establecidas en la ley o el reglamento para el funcionamiento de aquella».

“que de lo expuesto fluye que sólo desde que la recurrente recibe el correo electrónico que le comunica la decisión de poner término al proceso de negociación y mantener la sanción impuesta en el mes de agosto pasado -circunstancia que se produce el 23 de septiembre último- puede contarse el plazo para interponer el recurso de protección».

«por lógica el suplente actúa en caso de ausencia del titular, por lo que el directorio recién elegido, cuando sesiona con todos sus integrantes titulares, de la forma que lo decidieron sería de tres miembros y no de cinco, esto es, con los tres titulares más los dos suplentes, nada de lo cual está contemplado en los estatutos, por lo que en definitiva esta forma de integración del directorio no puede prosperar”.

«se constata que no se explica en parte alguna cuáles son los elementos contaminantes que se generarán en el ambiente a consecuencia del proyecto aprobado por el acto administrativo que se recurre y que puedan constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental, tal como lo exige el constituyente y el legislador para la tutela jurisdiccional del referido derecho”.

“de la lectura de su presentación, se desprende que lo que reclama a través de la presente acción, es la forma de tramitación de la investigación interna, la cual no habría respectado las normas del debido proceso, sin embargo de acuerdo al artículo 20 de la Constitución Política, no es posible emplear este arbitrio para obtener un pronunciamiento en este sentido, por cuanto lo amparado con esta vía constitucional es el inciso cuarto del numeral 3º del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que como se señaló anteriormente, no fue vulnerado por el recurrido, pues de su propio Reglamento Interno, se faculta para realizar dicha investigación”.

“Cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos los jueces, también están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los Jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias.”.

«se incurre en un error de derecho al acoger la excepción de nulidad de la obligación, por cuanto al realizar la sociedad ejecutada actividades gravadas con patente municipal debió haberse rechazado dicha excepción».

“si se estimare que se hizo aplicación del inciso 5ª del artículo 127, precedentemente señalado, como pretende el recurrido en su Informe de fojas 100, cabe señalar que, asimismo, esta norma, en el caso en análisis no autorizaba la Baja inmediata que se dispuso, pues para que ello tuviera lugar era necesario: 1) que el funcionario inculpado confesara su responsabilidad, lo que en el presente caso no ha ocurrido, sino que por el contrario la ha negado, o bien; 2) que la responsabilidad del funcionario se hiciera evidente, lo que tampoco ha tenido lugar, considerando al efecto que la propia institución Policial en su Informe manifiesta que junto con la adopción de la medida disciplinaria se ordenó la instrucción de un Sumario Administrativo, mediante Orden Nº 03972, de fecha 12 de octubre de 2012”