“los trabajos de excavación en el deslinde con el inmueble vecino excediendo sus facultades contractuales y legales, sin tomar las medidas mínimas de seguridad, infringiendo, además, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”.

“la autoridad está facultada para establecer semestralmente los turnos de las farmacias de su territorio, los que serán obligatorios, notificándose a los directores técnicos de las farmacias, para su cumplimiento, y sin que ninguna farmacia –en principio- pueda eximirse de los turnos fijados”.

una “construcción en esas condiciones constituye una amenaza al tranquilo goce del derecho de dominio de la recurrente y, amenaza también afectar su derecho a la integridad física”.

“supone una actividad, obra o proyecto efectivamente materializado, y que la supuesta contaminación sea además consecuencia de dicha resolución, cuestión que no se encuentra acreditada en la especie”.

“establece perentoriamente que los contratos con fines turísticos que se hubieren celebrado con anterior a la dictación de la Ley N° 20.423 continuarán vigentes y se extinguirán de conformidad con la normativa aplicable”.

“el acto realizado por los recurrentes consistente en una ocupación del terreno de propiedad del recurrido importa y constituye una acción ilegal de autotutela pues a través de una vía de hecho se altera y lesiona una situación preexistente sin que exista habilitación legal o judicial para ello, debiendo en consecuencia ser calificada como arbitraria y atentatoria de la garantía cautelada en el artículo 19 Nº 24° de la Constitución Política de la República”.

“es claro que los Estatutos que rigen las relaciones de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales con sus miembros no contempla en su régimen sancionatorio la medida de restitución de dineros adeudados. Por el contrario, acertadamente los Estatutos prevén que la responsabilidad civil debe ser perseguida ante los tribunales ordinarios”.

“la negativa de la entidad recurrida en orden a expedir la documentación que las recurrentes necesitan para la obtención del título profesional, habiendo cumplido con la malla curricular impuesta para la carrera de Pedagogía General Básica, Licenciado en Educación, entre los años 2003 y 2008, y habiendo aprobado los exámenes finales a mediados del año 2010, tal conducta constituye una conducta arbitraria por parte de la Universidad Arturo Prat, sede Victoria, desde que manifiestamente aparece desprovista de una adecuada fundamentación racional”.

“En el contexto de lo ya señalado, si la Resolución que ordena la baja inmediata cumple todos sus efectos desde el momento de su dictación, no se divisa una explicación lógica para la instrucción de un sumario o investigación por parte de la Institución, dado que se estaría aplicando la sanción antes que se lograra determinar la responsabilidad funcionaria, evidenciándose el carácter de condicional que tiene la misma resolución”.

“la decisión recurrida resulta ilegal y arbitraria, pero que al contrario de lo sostenido por la actora, no afecta al derecho de propiedad pero sí al de igualdad ante la ley, pues como se ha fallado tantas veces, toda resolución administrativa que afecta a una persona y que es dictada con omisión de exigencias legales o reglamentarias, infringe dicha garantía, ya que discrimina a una persona respecto de todas las demás que sí quedan protegidas por la norma, la que lleva a acoger el recurso tal como se dirá en lo resolutivo”.