La Sala del Senado debatió, en sesión extraordinaria, las tres mociones en actual tramitación relativas al tema del aborto terapéutico presentadas, en primer lugar, por el  senador Rossi y  la ex senadora Matthei y que plantea la despenalización del aborto cuando hay peligro vital para la madre o inviabilidad del feto; la segunda por el […]

“de los antecedentes allegados al recurso, es posible dar por establecido que no ha existido de parte de las empresas recurridas, un acto que se pueda considerar arbitrario o ilegal, ya que se ha cumplido en el desarrollo de la actividad económica de las firmas recurridas, con todo el marco regulatorio vigente”.

“habiendo cesado el acto fundante de la medida cautelar, el recurso de protección no puede prosperar”.

Una vez finalizado el periodo de consulta, el CPLT analizara los resultados obtenidos con el fin apoyar y entregar a los organismos públicos recomendaciones de buenas practicas archivísticas y herramientas de gestión documental.

“no es posible para este tribunal determinar la existencia de un acto ilegal o arbitrario que conculque o vulnere alguno de los derechos protegidos por la Constitución a través del recurso de protección, ninguno de los cuales ha sido invocado por el actor”, agregando que la verificación de riesgo comercial es una práctica habitual “no sancionada por el derecho”.

“actos ilegales ni arbitrarios, pues no se ha violado norma alguna del ordenamiento jurídico al citar la junta en un domicilio ajeno al señalado en los estatutos, ni se ha actuado sin razón o por mero capricho en la especie, toda vez que es justificado pretender realizar una junta de accionistas en el preciso lugar donde la sociedad recurrida ejerce y explota su único giro comercial”

no habiéndose producido una contravención que diga relación con el derecho de propiedad de que es titular el recurrente, desde que el informe y el decreto impugnados se han emitido de acuerdo a las disposiciones que regulan la materia”

“deben actuar con estricta sujeción a los derechos y garantías de las persona, tanto de aquellas que son objeto del actuar policial por encontrarse perpetrando hechos ilícitos, cuanto –y con mayor razón- respecto de terceros ajenos a los hechos; obligación que resulta más perentoria si se trata de niños –además de etnia mapuche-, como acontece en la especie; especialmente si las actuaciones en contra de las mujeres aludidas se hicieron en presencia de sus hijos, con lo cual naturalmente se produce a éstos una afectación o daño de carácter psíquico”.

el tribunal de alzada reconoció que, sin perjuicio de que no corresponde a la acción cautelar entrar al valor los diversos pronunciamientos, resoluciones e informes propios del procedimiento, técnico y pormenorizado legalmente, de evaluación de impacto ambiental, si cabe hacer presente que la ley indígena y el Convenio 169 de la OIT obligan al Estado a consultar a los pueblos interesados, mediante acciones idóneas, en las acciones judiciales o administrativas que puedan afectar sus derechos, en particular, en lo relativo a la administración y conservación de sus recursos naturales y propiedad mineras.

“no se advierte razón que justifique la determinación de las autoridades del colegio, habida consideración de la calificación académica del educando, del compromiso asumido por los padres, de la circunstancia de encontrarse aquél bajo tratamiento médico -con lo que logró mejorar su conducta y está en vías de obtener nuevos resultados”,