La recurrida no acompañó evidencia de haber informado la eliminación, incumpliendo su propia reglamentación que estipula que dicha sanción debe aplicarse por medio de una resolución fundada y mediante un procedimiento que garantice el debido proceso.

La Primera Sala del tribunal de alzada estableció que, en la especie, no existe antecedentes que permitan suponer que la decisión se encuentre viciada ni para establecer que los padres impidan la hospitalización, actuando en contra de la voluntad de su hija.

Al ser controvertida la existencia de la deuda, dicho asunto debe ser discutido o exigido en la instancia judicial correspondiente mediante la interposición de las acciones judiciales respectivas, resultando ilegítimo utilizar cualquier medio de presión para obtener el pago, como sería la no entrega del título profesional de Doctora en Derecho.

La acción constitucional de protección cautela el ejercicio legítimo de las garantías constitucionales reconocidas a las personas, en casos concretos. No es una acción popular que pueda interponerse por cualquier persona que no tenga interés inmediato y directo comprometido.

El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal de la recurrida al otorgar el permiso de construcción en un terreno cuya titularidad se encuentra en disputa.

La obligación de fundamentar las decisiones que se impone a la autoridad, constituye un imperativo legal, que rige también respecto a la Casa de Estudios.

El Tribual de alzada ordenó, además, que el municipio se coordine con los ministerios del Interior, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social para que se implemente un recinto transitorio para albergar a los desalojados, en caso de ser necesario.

No es posible constatar el hecho preciso que vulnere los derechos expresados por el recurrente, más si se considera que ambas partes manifiestan diferencias y agresiones mutuas.

No corresponde que a través del recurso de protección se evalúe el mérito de las decisiones del colegio, las que se han adoptado con apego al Reglamento Interno y a la normativa educacional.

La menor tiene derecho a que se proteja y vigile su salud, debiendo ser amparada por los órganos del Estados competentes en la materia. De acceder a la entrega que solicitó la madre, se estarían vulnerando los derechos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño.