“una amenaza a la integridad física de los vecinos del sector y una privación del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, por lo que resulta procedente brindar una protección que les resguarde en sus derechos”.

“La situación específica de que se trata, por su naturaleza, es propia de otros recursos o acciones, como son el jerárquico de la ley 19.880 o bien la reclamación judicial prevista en los artículos 503 y 504 del Código del Trabajo”, ya que en esas instancias “las partes pueden exponer sus argumentos y probar los hechos en conflicto”.

Sin que “la faculte para negarse a dicho pago por estimar que aquél no reúne el requisito del N° 1 del artículo 2° de dicha ley, como ocurrió en el caso de autos”.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt declaró admisibles sendos recursos de protección en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén, por la resolución exenta que calificó favorablemente el proyecto denominado “HidroAysén”. El arbitrio constitucional fue interpuesto por un grupo de senadores y diputados de distintas bancadas, junto a diversas […]

(…) la circunstancia de “que con anterioridad hayan existido pronunciamientos en sede de protección favorables a las pretensiones de los actores no es óbice para desestimar ahora un recurso de protección contra la Dirección de Vialidad”.

El organismo público informó que durante la ejecución de una obra pública fiscal sobre el terreno ya expropiado de las recurrentes, la inspección fiscal solicitó se diera inicio a un nuevo proceso expropiatorio en el inmueble debido a un error detectado en el trazado y que afectaba a una mayor superficie de terreno que la proyectada.

No correspondiéndole a las Cortes -en el contexto de una acción de naturaleza cautelar- asumir el “rol de adoptar decisiones que la ley asigna a órganos idóneos o expertos, erigiéndose como una instancia revisora que efectué una nueva evaluación ambiental del proyecto”, lo que “excede los márgenes de una acción como la intentada”.

“Ostenta la calidad de manifestante en los terrenos de la actora, no puede ejercer en ellos más derechos que aquellos que el ordenamiento jurídico le otorga, esto es, catar y cavar libremente y efectuar todos los trabajos necesarios para reconocer la mina y constituir la pertenencia, pudiendo hacerse dueño de las sustancias concesibles que necesite arrancar con motivo de esos trabajos”

Se interpuso acción constitucional en contra del Centro Residencial Calbuco, de la Municipalidad de Calbuco y del Servicio Nacional de Menores, debido a una presunta afectación del derecho a vida y a la integridad física y psíquica, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho de propiedad. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó el arbitrio constitucional, sin embargo la Corte Suprema revocó la sentencia en alzada al considerar que es efectivo que escurren aguas servidas a la propiedad en la que viven los actores.

El recurrido informó que ha negado el ingreso, ya que la empresa contratada es la misma que construyó el edificio y que por su negligencia se produjeron los daños. Alega también la improcedencia del recurso, por cuanto las contiendas entre copropietarios son de conocimiento de los Juzgados de Policía Local.