Se sigue el criterio establecido por la Corte Suprema, según el cual la confianza legítima se adquiere luego de 5 años en el cargo. Además, descartó su aplicación debido a que la designación del actor se originó en la relación de confianza que tenía con el anterior jefe de servicio.

Lo dispuesto en su artículo 110, párrafos 3 y 4, complementa la Ley 19.856 y su Reglamento. No obstante, el recurso de protección debe ser desestimado pues todos los condenados beneficiados con la reducción de sus penas la han cumplido íntegramente, por lo que acoger la acción carecería de efecto práctico.

No es factible obtenerla sólo con la “Tarjeta Identificación Oficial” que detenta como funcionario internacional, debiendo previamente obtener una cédula de identidad para extranjeros y, luego, solicitar su Clave Única.

No obstante, la existencia de un nuevo sistema de admisión escolar que contempla una plataforma centralizada para la asignación de cupos en los establecimientos que reciben subvención del Estado y que se lleva a efecto en épocas predeterminadas, lo cierto es que aquel mecanismo prioriza a los alumnos que deseen mantenerse en el colegio en que ya desarrollan su educación regular.

No obstante, no hay impedimento jurídico para que el organismo cubra la diferencia que exista entre el monto del subsidio por incapacidad que tiene derecho a percibir el/la trabajador/a que hizo uso de las licencias médicas indicadas y el total de los honorarios estipulados.

Se trata de bienes que no le pertenecen a la recurrida, por lo que afecta la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

No obstante, las recurridas deben abstenerse de volver a publicar el reportaje, ordena la Corte.

Mantener noticias de una causa penal y condena, pero no de la situación procesal actual del condenado, se considera una información parcial, que trasgrede la función social de comunicación del medio y vulnera los derechos de honra y de igualdad de trato del recurrente.

Si el recurrente estima que con las publicaciones realizadas se afectó su derecho a la honra, debe impetrar las acciones civiles o penales pertinentes.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar al considerar que hubo actuar arbitrario al cambiar las condiciones de titulación.