Más allá de que se trate de una facultad discrecional de la Administración, en el caso concreto, tal ejercicio además consideró cuestiones de competencias y aptitud para el desarrollo de las funciones encomendadas.

La Corte constató que la arbitrariedad impugnada no es un acto aislado e individual, sino que se ha generalizado por parte de la autoridad, provocando una excesiva judicialización y la consiguiente dilatación excesiva de un conflicto.

Hubo incumplimiento del estándar de actuación exigido por los tratados internacionales, la Constitución y las leyes, en las prestaciones médicas de la recurrente, al no adoptarse todas las medidas de accesibilidad y ajustes necesarios para garantizar su efectiva inclusión.

Las entidades recurridas han actuado de conformidad a la normativa legal, dentro de la esfera de su competencia, con estricto apego al principio de legalidad.

No se vislumbra vulneración derechos constitucionales, ni tampoco hay medida que a estas alturas se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del actor.

Las recurridas no indican otro fármaco o tratamiento que pueda prestar los mismos beneficios a la niña que padece una grave enfermedad.

Lo anterior, sin que aquello importe intromisión en facultades privativas del órgano investigador.

Los profesores deben reclamar la falta de pago completo de sus sueldos ante las Inspecciones del Trabajo y Tribunales especializados en materias laborales. No obstante, la Corte Suprema rechazó el recurso por perder oportunidad al acreditar la Corporación el pago del saldo adeudado.

La apreciación personal de una persona de la existencia de un acontecimiento discriminatorio por identidad de género no tiene el carácter de difamatorio. Por su parte, la recurrente cuenta con otras herramientas jurídicas en contra de la publicación.

El único documento oficial cuya falta de vigencia puede obstar al desarrollo de la vida cotidiana en el país, es la cédula de identidad. Si la nueva ley ha contemplado una norma específica, que determina la mantención de la vigencia, de pleno derecho, pueden efectuar sin limitación trámites o solicitudes en establecimientos públicos.