La Primera Sala del tribunal de alzada descartó la procedencia de la acción constitucional al no acreditar el edil el actuar arbitrario o ilegal que reprochar.
Todo ser humano es dueño de su propia vida y es libre para decidir el curso de la misma, pudiendo utilizar su cuerpo como mecanismo de protesta, incluso si esto lo conduce a la muerte. El derecho a la vida que protege nuestra Carta Fundamental no puede ser utilizado en contra de su legítimo titular para obligarlo a ingerir alimentos. Pretender que el Estado puede forzar a una persona a vivir deja al derecho a la vida desprovisto de su contenido de libertad y constituye un trato incompatible con la dignidad del ser humano, refiere el voto en contra.
La Quinta Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la parte recurrida al rechazar las licencias presentadas por el reposo posoperatorio, prescrito por médico tratante.
Las expresiones consignadas en los perfiles personales de la red social Facebook del recurrido, no encuentran amparo en la garantía de libertad de expresión.
No se dio cumplimiento al Reglamento interno para la aplicación de las medidas disciplinarias, en cuanto no consta que se haya realizado la evaluación del Consejo de Profesores, por lo que se produce una afectación de la garantía de la igualdad ante la ley, razona la Corte de Rancagua.
La Primera Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del banco al negarse a restituir el monto sustraído a la recurrente.
La Primera Sala del tribunal de alzadadesestimó la vulneración de garantías constitucionales denunciadas por residentes de los sectores Santa Rosa y La Ponderosa de Arica.
El Estado y sus organismos dependientes deben eliminar toda barrera que obstaculice el acceso a un adecuado ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, y tienen la obligación de realizar los ajustes razonables que sean necesarios para tal objeto.
La Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción constitucional impetrada, tras constatar el actuar ilegal, arbitrario y discriminatorio de la recurrida.
Se ha procedido de la forma prevista por la normativa legal atingente al caso, decisiones y respuestas que han emanado de la autoridad competente, incluso de la propia Directora Nacional del servicio recurrido y todas debidamente fundamentadas.
