La investigación en contra del actor resulta arbitraria e ilegal, y vulnera el debido proceso, pues ha sido investigado por una comisión que ha excedido la esfera de sus atribuciones. Asimismo, su honra también ha sido vulnerada, por cuanto se adoptaron medidas establecidas para situaciones distintas a la suya.

El artículo 8° de la Ley N° 20.000 exige la autorización previa del Servicio Agrícola y Ganadero para dedicarse al cultivo de cannabis, por tanto, si el solicitante no presentó dicho permiso junto a la solicitud de constitución de persona jurídica, no es procedente visar la continuación del proceso.

La acción constitucional y su procedimiento constituyen un arbitrio destinado a resolver situaciones en que los hechos y derechos constitucionales afectados son indubitados y no discutidos, lo que no acontece en la especie.

No es admisible la publicación del nombre, cargo y casilla de correo de una persona, si este no autorizó previamente su difusión al público ni se justificó en un texto legal que expresamente lo habilite.

Atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta como ilegal y/o arbitrario, tal cuestionamiento debe ser esclarecido y declarado en un procedimiento de lato conocimiento. Además, la controversia se encuentra planteada en la justicia civil ante la cual se persigue el cobro, por lo que se encuentra ya bajo el amparo del derecho.

Negativa se funda en una serie de disquisiciones sobre normas ya derogadas, cuanto resulta aplicable el artículo 188 del Código Civil que determina la filiación no matrimonial, sobre la base de lo cual la recurrente ha reclamado el reconocimiento de sus derechos sucesorios.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de Fonasa al denegar la cobertura del tratamiento que podría frenar el deterioro en la salud del paciente.

El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario del colegio al no justificó adecuadamente la media disciplinaria de cancelación de matrícula.

El Tribunal de alzada estableció que la libertad de expresión e información debe ceder ante la garantía de protección a la honra y la vida privada de menores de edad y adolescentes.

El máximo Tribunal estableció actuar ilegal de la autoridad edilicia, al adoptar la medida sin fundamentación técnica o informes científicos.