Tampoco es obligatorio para el alcalde de esta comuna, la designación de suplente de aquella en el cargo de Juez del Primer Juzgado de Policía Local de esta ciudad.
El descuento efectuado deviene en arbitrario e ilegal, al haber transcurrido más de 10 años desde su otorgamiento, sin perjuicio de perseguir el cobro por la vía judicial pertinente.
La Corte resolvió además, que el cálculo del montepío que venía efectuando la entidad recurrida es ilegal, por cuanto paga el equivalente al último sueldo de los uniformados accidentados, cuando lo que corresponde es el pago del 100% del sueldo del grado superior.
La medida de suspensión se encuentra cumplida atendido el lapso de la misma, y se aclaró que la suspensión no se extendía a las actividades académicas, por lo que la acción constitucional entablada ha perdido oportunidad.
No se advierte el motivo de la negativa para no otorgar la documentación y datos requeridos, más aún, cuando el recurrente fue parte en el proceso administrativo.
El Decreto Ley N° 3.500 establece que el dinero existente en las cuentas de capitalización individual tiene un destino único y exclusivo, limitado al otorgamiento de pensiones.
La institución recurrida señaló que aun en caso de flagrancia, los ocupantes no habrían podido ser detenidos, atendida la pena de multa asociada al delito de usurpación, por aplicación de los artículos 124 y 134 del Código Procesal Penal.
Debe recordarse que todo organismo y autoridad pública debe ceñir su actuar al principio de juridicidad, lo que comúnmente se resume en el antiguo adagio “en derecho público sólo puede hacerse lo que está expresamente permitido”.
Consta que efectivamente existe una investigación por los hechos imputados en las publicaciones ante la Fiscalía Local de Concepción, lugar natural en el cual ha de resolverse el conflicto entre las partes.
Recurrentes alegaron que el proceso sancionatorio seguido en su contra no respetó las garantías constitucionales del debido proceso y la prohibición de ser juzgados por comisiones especiales.
