La existencia de discrepancias no permite arbitrar medidas en favor del recurrente sin lesionar el derecho que asiste a la recurrida a expresar su opinión sobre la persona del interesado, la que se ha vertido en términos que pueden ser calificados como descomedidos.

Resolver en base a los mismos antecedentes, vulnera el derecho a recibir un trato acorde a la condición de salud del recurrente y por, sobre todo, a que se reconozca y diagnostique adecuadamente las patologías que padece, para efectos de ordenar el pago, o no, de las licencias médicas.

El fallo señala que el objeto del recurso de protección es el amparo de las garantías y derechos preexistentes, a través de la adopción de diversas medidas que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria e ilegal que prive o perturbe ese derecho, lo que a consideración de los actores se tradujo en el cierre del establecimiento y no entrega de alimentos aportados por JUNAEB, entre otros.

Esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del recurrente, si los cobros indebidos se dejaron sin efecto y la deuda por consumo es posterior.

Tal caso corresponde ser discutido y resuelto en un procedimiento de lato conocimiento con las garantías procesales pertinentes (excepciones, prueba y recursos).

El recurrente alegó que su desvinculación no procedía, puesto que el certificado de la COMPIN calificaba su estado de salud como “recuperable”, pero se resuelve que la cesación del cargo por salud incompatible solo requiere que se constate el uso de licencias médicas prolongadas.

Vulnera la garantía de igualdad ante la ley, situación que aparece agravada por cuanto dentro de las habitantes del inmueble había dos menores de edad y una persona mayor.

Al no adoptar las medidas para iniciar de inmediato el procedimiento para dar trámite a la solicitud, con la celeridad que el caso amerita, el Servicio infringe el deber impuesto por la normativa sobre protección de refugiados.

Aparece de manifiesto que la recurrente carece de un derecho indubitado susceptible de ser protegido en sede de protección, toda vez que el rechazo a la cobertura del siniestro que solicitó se funda en la reticencia e inexactitud de la recurrente en su Declaración Personal de Salud.

La empresa alegó que se la vinculó con un tercero que habría cometido una estafa en contra del recurrido, nexo que resulta equivocado y debe entenderse como una intención de dañar su imagen.