Al poner término anticipado al contrato de seguro, la aseguradora no respetó la propia manifestación de voluntad de los contratantes, que convinieron otorgar un plazo de 15 días corridos para pagar la deuda contados desde el aviso de cancelación del contrato.

Informar una deuda y advertir la posibilidad de ejercer acciones legales o publicar la misma, no resulta contraria al ordenamiento jurídico.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la multitienda al emprender reiteradamente por una década, acciones de cobranza, afectando con su actuar irracional y desproporcionado la integridad síquica de la recurrente.

Estima que se vulnera y atenta contra su dignidad, ya que los hechos denunciados dentro de la agrupación de scout nunca fueron objeto de formalización ni menos se dictó en su contra sentencia condenatoria.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar tras establecer el actuar arbitrario e injustificado del recurrido.

Los funcionarios públicos no tienen propiedad sobre su función ni sobre sus remuneraciones, por lo mismo cuando son desvinculados por causas legales no pueden solicitar beneficios por tal separación.

La recurrida alegó que la reubicación de la funcionaria de salud solo correspondía al ejercicio de la potestad que le entrega el artículo 12 del Código del Trabajo a los empleadores, argumento que fue descartado por la Corte.

El Tribunal determinó que el no gestionar la internación del paciente en un centro de larga estadía para tratamiento, constituye una omisión ilegal y arbitraria, que vulnera sus derechos y los de los vecinos recurrentes.

Una publicación de dichas características sólo puede tener como fin, extender hacia los demás miembros del conglomerado social, la aversión, animosidad y aborrecimiento de los recurridos hacia la actora, ejecutando actos que riñen con el buen convivir en un estado de derecho.

Las publicaciones que se realizan en redes sociales por definición distan de ser privadas, permitiendo el acceso no restringido a cualquier persona.