El Tribunal de alzada descartó amenaza, amago o perturbación de los derechos del recurrente por la difusión de la información en portal web.
La institución recurrida decidió trasladar a los dos gendarmes a la ciudad de Valparaíso, a fin de no alterar la composición familiar y respetar al interés superior del hijo de ambos funcionarios.
Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Refugiados debió declarar voluntariamente su irregularidad ante la PDI, requisito que se le solicitó para formalizar su solicitud, no siendo efectivo que fuera rechazada verbalmente.
El hospital recurrido señaló que la cirugía no era recomendada, por cuanto no garantizaba una mejoría en la salud de la paciente y no podía realizarse mientras esta última estuviera con trastornos emocionales.
El ente contralor reconoció haber realizado el descuento equivocadamente, por lo que accedió a restituir el valor nominal, aduciendo que no hay norma que establezca la reajustabilidad en estos casos.
La actora alegó la ilegalidad de un decreto del Ministerio del Trabajo que exige el registro de contratos de trabajo incluyendo datos personales, alegación que fue rechazada por la Corte, tras estimar que la vía idónea para pedir la invalidación es a través de la acción contemplada en el artículo 53 de la Ley N° 19.880.
El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario de la caja de compensación al descontar del sueldo de la trabajadora afiliada el pago de una deuda que fue declarada prescrita por sentencia firme y ejecutoriada.
Por existir una controversia entre las partes en cuanto al trazado para efectuar la instalación de postes y de la red eléctrica, no se cumple con uno de los presupuestos del recurso de protección, esto es, que exista un derecho indubitado por parte del recurrente.
El recurrente alegó que la Inspección del Trabajo no tiene atribuciones para interpretar cláusulas contractuales, por lo que la imposición de multa por no precisar las labores de “operadores de tienda” en un anexo del contrato de trabajo sería ilegal.
En las sentencias, la Tercera Sala del máximo tribunal dejó sin efecto el alza de las isapres. El fallo señala que lo primero que advierte esta Corte es el empleo de una tabla de factores por parte de la recurrida que no sólo difiere de la que ordena aplicar la Superintendencia del ramo en Circular de 2019, sino que, del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la diferenciación por sexo y edad en las tablas de factores de las Instituciones de Salud Previsional, derogando las normas legales que así lo permitían.
