El recurrente alegó que la Inspección del Trabajo no tiene atribuciones para interpretar cláusulas contractuales, por lo que la imposición de multa por no precisar las labores de “operadores de tienda” en un anexo del contrato de trabajo sería ilegal.

En las sentencias, la Tercera Sala del máximo tribunal dejó sin efecto el alza de las isapres. El fallo señala que lo primero que advierte esta Corte es el empleo de una tabla de factores por parte de la recurrida que no sólo difiere de la que ordena aplicar la Superintendencia del ramo en Circular de 2019, sino que,  del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la diferenciación por sexo y edad en las tablas de factores de las Instituciones de Salud Previsional, derogando las normas legales que así lo permitían.

No se vislumbran afectaciones a los derechos amparados por el recurso de protección. Tampoco las peticiones de la AFP son susceptibles de ser debatidas en sede proteccional.

Los recurrentes alegaron que la Ley N° 21.442 sobre Copropiedad Inmobiliaria no contemplaba un mecanismo para la resolución de conflictos entre los residentes y los conserjes o demás funcionarios, lo que fue descartado por la Corte, en base al artículo 44 de esa ley.

El amparado interpuso un recurso administrativo el que se encuentra pendiente, por lo que mientras esa impugnación sea resuelta los tribunales de justicia no podrán avocarse a su resolución.

Precisa que durante todo el procedimiento de retiro –y eventual desalojo- se deberán respetar y resguardar la dignidad e integridad de los ocupantes irregulares, quienes deberán ser debidamente informados de las medidas en su contra.

Los primeros demandaron ante tribunales y obtuvieron sentencias favorables en contra de las municipalidades en donde se desempeñaban. Sin embargo, en el supuesto que los recurrentes obtengan fallos a su favor –y tengan un título ejecutivo que reconozca sus derechos- la resolución de la Corte IDH también surtiría efectos respecto de ellos.

Adopta esta decisión sobre la base de las directrices entregadas por el Derecho Internacional –garantías fundamentales y dignidad de los ocupantes-, las cuales deberán ser consideradas durante todo el procedimiento de retiro y el eventual desalojo de las personas, encontrándose las autoridades competentes en calidad de garantes de estos lineamientos.

La actividad de la recurrida resulta arbitraria e ilegal y vulnera la honra de la recurrente, indirectamente la de su familia y el prestigio de su negocio a quienes calificó de ladronas, estafadoras e inmorales, sin que se haya presentado denuncia o querella alguna en su contra, resuelve la Corte de Concepción.

Si bien la recurrente basó su arbitrio en la vulneración del derecho a la salud, que no se encuentra amparado en su totalidad por el recurso de protección, de todas maneras, la Corte abordó el fondo del asunto en pos de cumplir las obligaciones que imponen los diversos tratados internacionales en relación a la protección de las personas mayores.