La Dirección se arroga una competencia privativa de los tribunales de justicia con competencia en materia laboral: la determinación de la naturaleza jurídica de un contrato de trabajo en el caso concreto, alega el recurrente.

La Corte determinó que la controversia era de índole contractual, por lo que debía ventilarse ante algún tribunal con competencia en lo civil, no siendo admisibles los actos de autotutela del municipio.

Sin perjuicio de la efectividad o no de los hechos, no son las redes sociales el lugar para imputar cargos.

Las publicaciones constituyen una exposición de hechos de interés comunitario, cuyo principal fin es informativo por el interés y trascendencia que el tema reviste para la colectividad, por lo tanto, no tienen la entidad de vulnerar el artículo 19 N°4 de la Constitución.

El ordenamiento jurídico ha establecido expresamente un procedimiento para conocer y resolver las denuncias por infracciones al Título IV de la Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la recurrida que derivó en la aplicación de un descuento del 30% de los sueldos de los trabajadores.

La acción de protección no es de carácter popular y tampoco se mencionan hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales previstas en el artículo 20 de la Constitución.

El recurrente alegó haber sido contratado en calidad de “experto”, lo que descartaba la calificación de exclusiva confianza, dado que debe ser interpretado su puesto como un cargo estrictamente técnico.

Si bien –como regla general- no es procedente recurrir de protección en contra de decisiones o actuaciones judiciales, sí lo es cuando quien invoca el amparo de sus derechos cautelados no tiene calidad de interviniente o parte en la causa o proceso en que se adoptó la medida que le es perjudicial.

El Estatuto del Partido Radical establece que las sanciones impuestas por un Tribunal de Disciplina Regional no producen efecto mientras no sean ratificadas por el Tribunal Supremo de la colectividad, por tanto, mientras ello no ocurra no hay derechos constitucionales que hayan sido afectados.