La Caja de Compensación contradice su actuar si en un principio exige la totalidad del saldo adeudado en virtud de una cláusula de aceleración y, después de ser declarada prescrita la acción de cobro, comienza a descontar por planilla la deuda haciendo revivir indebidamente el pago a plazos.

No se puede reformar la sanción en perjuicio del reclamante, pues se vulnera el principio de “reformatio in peius”.

El máximo Tribunal ordenó eliminar publicaciones agresivas y deshonrosas en contra de la ex candidata que afectan sus derechos a la imagen y al buen nombre que se encuentran implícitos en el artículo 19 N°4 de la Constitución.

La Ley N° 21.325 y el Decreto N° 296 del Ministerio del Interior, establecen como requisito previo para aquellos que se encuentren en situación irregular la regularización de su situación migratoria con la autoridad competente, a fin de poder acceder a su documento de identificación en el Registro Civil.

No se avizora un daño a la imagen del actor, ni tampoco se aprecia que se trate de comentarios difamatorios, injuriosos o calumniosos.

Uno de los recurridos alegó que la actora reclamaba erróneamente ese sitio saneado en virtud del DL 2.695, cuando el terreno siempre ha sido habitado por él y su familia.

La autoridad sanitaria culminó un sumario sanitario informando al ELEAM que la residente no podía permanecer en el establecimiento, por no cumplir con la edad mínima, ni ser capaz de valerse por sí misma, debiendo ser trasladada a un recinto que sí cuente con las condiciones requeridas, atendido su estado de salud.

El artículo 1° de la Ley N° 19.733, en su inciso final, reconoce expresamente a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general.

El medio de comunicación social vertió en dicha publicación el contenido de una querella deducida en contra de los actores y cuyos hechos son materia del proceso penal incoado.

Gendarmería no cuenta con competencias para sancionar a los abogados que ejercen la defensa penal, por lo que la resolución que castigó al abogado excede el ámbito de su competencia y las formas procesales que señala la ley en caso de castigos.