El bloqueo de los productos contratados por el actor es una manifestación del ejercicio de las facultades que tiene el Banco, de acuerdo al contrato de servicios financieros, que permite incluso terminar todo vínculo contractual entre las partes en caso de mora del cliente.

El artículo 31 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros establece expresamente la facultad de la autoridad policial para destinar al personal en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e infundado de la Fiscalía al disponer el levantamiento de la medida de protección.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la entidad pública al desconocer sus propias actuaciones y el tiempo que la alumna ha dedicado a la realización de la práctica profesional en la Defensoría Penal Pública.

Sin perjuicio de la facultad que tiene la Corte de reconducir los hechos a una garantía efectivamente amparada por el recurso de protección, lo cierto es que no puede desatender su deber de resguardar los derechos de los demás miembros de la comunidad, entre los que se incluye a la profesora afectada.

La Corte desestimó la alegación de que la cesión de derechos que le sirve de título a la actora era inválida por recaer sobre tierra indígena, la que debe ser conocida por el tribunal competente, en el procedimiento establecido el efecto y no a través de una acción de naturaleza cautelar y de emergencia.

El Tribunal de alzada descartó actuación ilegal o arbitraria de las recurridas que amenacen alguna garantía constitucional.

No resulta lícito por vías de hecho retener bienes de otra persona, pues el ordenamiento jurídico contempla mecanismos y procedimientos para hacer valer los derechos en estos casos. De no mediar una resolución judicial que lo autorice, quien efectúe la retención se constituye en una comisión especial.

El recurso de protección no es la vía idónea para calificar el mérito de la sanción impuesta, que fue determinada en el marco de las atribuciones disciplinarias del órgano recurrido, materia que queda fuera de la competencia de la Corte de Apelaciones.

La Ley N°19.966 y el Reglamento de Mediación disponen que son los interesados quienes deben nombrar al mediador, limitándose la Superintendencia a poner en conocimiento de este último dicho nombramiento.