Se dio cuenta en el proceso que el recurrido voluntariamente eliminó la publicación impugnada, por lo no había ninguna acción que tomar para el resguardo de los derechos del recurrente.
Luego de su declaración como testigo el instructor cambio su calidad a inculpado y decretó como medida provisoria la suspensión de sus funciones, lo que ajusta a derecho resuelve la Corte Suprema.
Atendido que el mensaje publicado en el grupo de vecinos en donde habitan las intervinientes hace alusión a una experiencia personal de quien lo emite, y que sólo expresa la no recomendación de los servicios, la Corte descartó que constituya un acto difamatorio que conculque garantías constitucionales.
El informe técnico cuestionado fue elaborado por la Comisión Médica de la PDI (órgano compuesto por 5 especialistas) y se encuentra debidamente motivado.
Al no estar contemplado en el artículo 47 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el cargo en cuestión no reviste el carácter de exclusiva confianza, por lo que no resulta procedente la desvinculación por renuncia no voluntaria del funcionario.
La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Concepción que acogió el recurso de protección interpuesto por una técnica parvularia en contra de la JUNJI, que dejó sin efecto la resolución emitida por este organismo que declaraba vacante su cargo con motivo de salud incompetente. En su libelo, la recurrente expone que ingreso […]
El artículo 14 de la Ley N°21.254 establece el deber de consulta de la AFP a sus afiliados por la eventual existencia de deudas alimenticias y la obligación de suspender la tramitación del retiro en caso de deudas, por lo que no suspender el retiro de fondos constituye una omisión ilegal y arbitraria, que afecta las garantías constitucionales de los alimentarios.
Aun cuando la zona no haya sido reconocida formalmente como humedal urbano, de acuerdo a la definición dada por la Ley N°21.202 y los antecedentes allegados, se infiere que sí reúne las características propias de uno, por la cual debe ser objeto de protección.
Las facultades de resguardo de bienes estatales con las que está revestida la Delegación Presidencial, únicamente alcanza a aquellos que son nacionales de uso público. Por lo que la supuesta ocupación ilegal de un terreno fiscal debe ser conocida y resuelta por los tribunales con competencia en lo civil.
El recurso de protección no es la vía idónea para resolver las peticiones formuladas, además la libertad de emitir opinión e información es un pilar fundamental para el Estado Democrático de Derecho.
