El hallazgo corresponde a una señalización de una pertenencia minera y no a las apachetas reclamadas por la comunidad, por lo que no se vulneran la libertad religiosa ni existe un trato discriminatorio de la empresa al removerlo –con autorización del CMN- e impedir el acceso a sus terrenos por razones de seguridad.

La labor de mantención de las líneas es de cargo de la recurrente, y ello no se ha efectuado con la prolijidad y frecuencia necesaria existiendo por tanto un actuar negligente de parte de la propia actora de esta causa.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del municipio recurrido al denegar el reconocimiento solicitado, basado en una interpretación normativa que no se encuentra vigente.

El tribunal estableció que, sin perjuicio de no contar con la cobertura directa del recurso de protección, el derecho a la educación no puede desconocerse, más si en el caso va enlazado al derecho de igualdad ante la ley.

La Ley N°19.664 y su reglamento, regulan las obligaciones del becario y las sanciones por su incumplimiento, de forma que la imposición de las mismas por parte del Servicio de Salud de Magallanes fue hecha dentro del marco de su potestad legal.

La medida es facultad del Presidente de la República, previa propuesta del Director General de Carabineros, según dispone la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros. Además, en base a los antecedentes presentados, tal decisión se encontraba debidamente justificada.

Asignación de estímulo, además de ser una remuneración de carácter transitorio, subsiste en la medida que se mantengan las condiciones que le dieron origen, siendo necesario evaluar su preservación, a lo menos, cada tres años.

El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal de las recurridas al denegar la cobertura por razones administrativas y económicas, del medicamento recomendado como única alternativa de por médico tratante.

Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas tiene aplicación preferente, conforme al artículo 19 N°3 de la Constitución, por lo que medidas disciplinarias tomadas sin previa investigación sumaria están justificadas por el ordenamiento jurídico.

El Tribunal de alzada desestimó la acción judicial deducida y descartó que la incorporación de los mensajes vulneren el derecho a la vida privada del recurrente.