Si bien la toma de razón constituye una presunción de que un acto se encuentra ajustado a derecho, ello no impide que mismo pueda ser modificado, revocado o invalidado.
El acto impugnado no adolece de ilegalidad alguna, así como tampoco de arbitrariedad, dado que fue pronunciado por la autoridad facultada para disponerlo, en un caso previsto por la ley, con observancia de las formalidades legales y existiendo mérito que lo justificó.