Corte estimó vulneradas las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República
La Corte de Rancagua indicó en su sentencia que, revisado el contenido de ambas publicaciones, no es posible advertir que ellas aludan a aspectos personales de los recurrentes.
El máximo Tribunal estimó que la autoridad administrativa actuó en el marco de la legalidad, dada la naturaleza transitoria de los servicios prestados bajo la modalidad a contrata.
La Corte de Puerto Montt señaló que, en cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad que se reprochó, esta no apareció de los antecedentes del proceso.
La Corte de San Miguel señaló que, la preexistencia cierta de la antedicha senda no fue suficientemente acreditada.
El máximo Tribunal señaló que conducta de aseguradora de salud carece de razonabilidad.
La Corte de Valparaíso declaró inadmisible el recurso.
La Corte de Chillán indicó que, no se configuró en la especie un acto u omisión ilegal.
El máximo tribunal estimó que, de acuerdo con los artículos 3 y 10 del Estatuto Administrativo, la entidad administrativa se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la parte recurrente, puesto que, la principal característica de este tipo de vinculación es la precariedad en su duración.
La Corte de Antofagasta indicó que, no es posible evidenciar la vulneración que alegó el recurrente.
