El retardo en practicar las inscripciones solicitadas por la recurrente afecta su derecho de propiedad.
Se alega no haberse respetado la exigencia de llevar a cabo un procedimiento previo, racional y justo, toda vez que se vulneró el derecho del estudiante afectado con la sanción de realizar descargos y a rendir pruebas.
Se alega que la recurrida se niega a dar la cobertura contratada, como plan preferente y con 100% sin tope, soslayando que el actor tiene un contrato de prestaciones médicas, cuyo fin es concurrir a la cobertura de las prestaciones necesarias y todos los procedimientos médicos atingentes a la recuperación de su salud.
El bloqueo aparece aplicado como una forma indirecta de obtener el pago de acreencias, por parte de Cannon Center quien es, en definitiva, la deudora de la recurrida.
A través de la solicitud los recurrentes buscan se consolide el acceso al cargo de Director al cual postularon, decisión que conlleva un importante incremento en sus remuneraciones, situación que se mantiene paralizada por la omisión de la recurrida.
El Tribunal de alzada acogió la acción presentada por víctimas de violaciones a los derechos humanos y estableció que, con la mantención de la estatua, la Armada incurre en ilegalidad al contravenir la garantía de no repetición de delitos de lesa humanidad en el país, que es uno de los principios integrantes de la debida reparación a las víctimas, exigencia de la cual la recurrida no se encuentra ajena.
El máximo Tribunal consideró que no hubo actuar arbitrario al negar el beneficio al no cumplirse con los requisitos exigidos por el Estatuto de Roma para las violaciones a los derechos humanos.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la cartera recurrida al denegar la cobertura del medicamento recomendado por el equipo médico tratante.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar y estableció el actuar ilegal y arbitrario del ente persecutor “puesto que la referida ausencia de motivos que justifiquen la decisión allí contenida, demuestra que ha obedecido al mero capricho de la autoridad que la expidió”.
La Corte Suprema declaró expresamente: “Que las sesiones del Concejo Municipal deberán efectuarse de manera íntegra en la oportunidad determinada para tal cometido, adoptando no solo las medidas necesarias para la continuidad de su desarrollo, sino que, también para que sus integrantes puedan exponer sus opiniones y emitir su voto cuando corresponda.”
