sólo correspondía declarar la nulidad de derecho público del acto terminal del Alcalde
“la eventual pena puede llegar a superar el límite de este instituto, dada la posibilidad de aumentar la pena hasta en dos grados, aun habiendo una atenuante…»
La recurrente fundó su recurso de nulidad sustancial en la infracción del artículo 41 N° 5 de la Ley de Rentas Municipales y de los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del Código Civil.
«Las leyes procesales, como normas de orden público, deben ser acatadas estrictamente tanto por los litigantes, como por los jueces, de modo que no es procedente prescindir de las formas y plazos que la legislación contempla, ni sustituir sus exigencias, salvo disposición expresa que así lo autorice, lo que hace imperativo sancionar el incumplimiento de la formalidad omitida por el recurrente”.
«es posible concluir que a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles le corresponde fiscalizar el cumplimiento de todas las materias normadas por el ordenamiento eléctrico, el cual está constituido por un conjunto de disposiciones legales, reglamentarias y técnicas”
“que este momento hace propicio reiterar una de las directrices en que esta Corte a menudo insiste, y es que la regla general dicta que la actividad de valoración o ponderación de las probanzas y, tras ella, la fijación de los hechos del proceso, quedan agotadas en cada uno de los grados de conocimiento y fallo del juicio, a menos que…»
“que, viniendo fijados como hechos de la causa que el demandado es poseedor inscrito -reputado dueño- del Lote B individualizado en su título y definido su emplazamiento por medio de la prueba rendida en autos…»
«deber que es amplio y alcanza a los funcionarios de la Superintendencia».
En autos sobre juicio ordinario, la parte demandante dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco que confirmó el fallo de primer grado que acogió con costas la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual en contra de una empresa de turismo, […]
La recurrente denunció que el error de derecho se produjo porque no correspondía aplicar el plazo de prescripción de cinco años que establece el artículo 2515 del Código Civil, sino que el de tres años que contempla el artículo 2521 del mismo cuerpo normativo, toda vez que se trata de la prescripción de un impuesto.
