«…se han configurado los presupuestos que hacen procedente la responsabilidad del Estado, esto es, la existencia de un actuar ilícito por parte de los agentes del Estado y que estos actos de la administración fueron causantes de un daño al interés legítimo de la persona».
«no existe mención alguna en el recurso a la determinación del fallo impugnado que rechaza la acción intentada por no haber sido deducido el reclamo ante el Municipio –y por ende ante la Corte de Apelaciones de Santiago- dentro del plazo previsto en el artículo 151 de la Ley N° 18.695”.
Se dedujo recurso de queja en contra de los Ministros de la Corte de Apelaciones de Valdivia Ruby Alvear Miranda, Juan Ignacio Correa Rosado y Gabriela Coddou Braga, por las faltas y abusos graves en que habrían incurrido al dictar la sentencia en la causa rol 3-2012, que rechazó la apelación deducida por Marine Harvest Chile S.A., en contra de la sentencia definitiva que acogió las denuncias conforme a la Ley General de Pesca y Acuicultura y que la condenó pagar una multa equivalente a 1.000 unidades tributarias mensuales, con el objeto que se revocara dicha sentencia y se rechazaran íntegramente las denunciadas por causarle agravio.
Se interpuso recurso de casación en el fondo en contra de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique que, confirmando la de primera instancia, acogió una demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio condenando al Fisco de Chile, el Servicio de Salud de Iquique y el Hospital Regional de dicha ciudad a pagar solidariamente la suma de $180.000.0000 a los actores, por concepto de daño moral.
Se dedujo recurso de revisión, por parte de Entel PCS S.A., respecto de la sentencia dictada por la Corte Suprema que acogió las reclamaciones planteadas contra la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y en definitiva acogió el requerimiento efectuado por la Fiscalía Nacional Económica en contra de las empresas Telefónica Móviles de Chile S.A, Entel PCS S.A. y Claro Chile S.A., condenando a cada una de ellas al pago de una multa de 300 UTA por infracción al artículo 3° del Decreto Ley N° 211, y les ordenó presentar en un plazo de noventa días una oferta de facilidades y/o reventa de planes para operadores móviles virtuales sobre la base de criterios generales, uniformes, objetivos y no discriminatorios.
Se dedujeron recursos de queja en contra de los jueces del Tribunal de Cuentas de Segunda instancia, por cuanto declararon inadmisible un recurso de revisión en contra de una de sus sentencias
Se dedujo recurso de casación en el fondo, por la parte reclamante, respecto de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que, conociendo de una acción de reclamación en contra de las Resoluciones Exentas N° 1.172 de 5 de julio de 2012 y N° 2.185 de 9 de noviembre de 2012, ambos dictados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la rechazó
Se dedujo recurso de casación en el fondo por el Fisco de Chile, respecto de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que, confirmando la de primera instancia, acogió la reclamación sanitaria interpuesta por la Comunidad Edificio Santiago Centro, dejando sin efecto una multa de 200 U.T.M.
Se dedujo recurso de casación en el fondo por el Fisco de Chile, respecto de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que, confirmando la de primera instancia, acogió la reclamación sanitaria interpuesta por la Comunidad Edificio Santiago Centro, dejando sin efecto una multa de 200 U.T.M.
Se dedujo un recurso de nulidad fundado en que no se habrían respetado los derechos fundamentales de un condenado por delito de cultivo ilegal de cannabis sativa, por cuanto no se habría reconocido a su favor la causal de justificación de cumplimiento de un deber
