El reclamante alegó que el CBR sólo puede negar una inscripción si se está ante un vicio formal y notorio, argumento que fue descartado por el Tribunal, tras establecer que el Conservador debe hacer una revisión por sobre lo meramente formal a fin de cumplir con el principio de legalidad registral.

No es relevante que en las cláusulas contractuales se colacionen determinados bienes inmuebles y derechos de aprovechamiento de aguas, ya que dicha enumeración debe considerarse como meramente enunciativa y ejemplar, si lo transferido es el derecho sobre la herencia.

Era necesario que, de manera previa al procedimiento de subdivisión, la determinación de las dimensiones fuera salvada conforme a lo establecido en los artículos 88 y 89 del Reglamento Conservatorio de Bienes Raíces, o por vía judicial, en subsidio.

El procedimiento a que da lugar el artículo 18 del Reglamento Conservatorio, de carácter voluntario, no permite acceder a la solicitud del reclamante, que busca dejar sin efecto las anotaciones marginales, referidas a escrituras públicas de desafectación, en las cuales intervienen terceros ajenos que han debido ser emplazados a juicio mediante un procedimiento contencioso.

Que la propiedad no esté inscrita en el Registro Público de Tierras Indígenas de la CONADI no es determinante porque existen tierras no registradas y porque dicho registro sólo tiene una finalidad de publicidad.

El Juez de primer grado rechazó el reclamo, por considerar que la prescripción alegada por el actor -y que servía de fundamento para la cancelación de la hipoteca- debía ser declarada por un tribunal, decisión que fue revocada por la Corte en alzada.

El actor reconoció que al no estipularse la cláusula que faculta al portador de copia autorizada a solicitar la inscripción, debían ir ambos contratarse a realizar la diligencia, sin embargo, alega que eso es imposible de cumplir, toda vez que la vendedora falleció hace años.

La vendedora de la propiedad expresó en la compraventa que había adquirido el inmueble bajo el artículo 150 del Código Civil, sin embargo, no acompañó documentos que permitieran corroborar que ejerce o ejerció un empleo separado del de su marido.

El principio de inexcusabilidad de los tribunales de justicia obliga al sentenciador a resolver el conflicto, no pudiendo excusarse en la inexistencia de reglas en el procedimiento no contencioso que permitan solicitar la rectificación de inscripciones.

El CBR fundó su abstención en el artículo 55 del Reglamento Conservatorio, que exige la concurrencia de todos los herederos para disponer de un inmueble hereditario previo a la partición.