De esta forma, se cumple el mandato legal del artículo 481 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 348 del mismo cuerpo legal.
La decisión tampoco careció de racionalidad, toda vez que el reclamante no invocó la existencia de ningún vínculo social que dé cuenta de arraigo al país en su periodo de permanencia.
Descartó la responsabilidad contractual por ausencia de legitimación activa y la extracontractual por la no existencia de un hecho doloso o culposo atribuible a los demandados.
La veracidad, aun parcial de lo difundido, es un criterio de prevalencia en caso de colisión entre la libertad de expresión y el derecho al honor de funcionarios públicos.
La decisión de la FALP tensiona al máximo la situación ya extrema del paciente que, perturbando y amenazando la garantía que le asiste a la vida, consagrada en el artículo 19 N°1 de la Constitución.
La recurrente denuncia que no existió un debido proceso en la imposición del castigo, lo que torna la sanción en absolutamente desproporcionada.
De lo contrario, incurre en el vicio de nulidad formal contemplado en el N°7 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, al contener su fallo decisiones contradictorias.
Se la condena a una multa de 125 UTM y a una medida reparatoria de pago en favor de la organización sindical.
El artículo 63.2 de la Convención dispone que en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.
Alcalde de Huechuraba argumenta que no puede razonablemente estimarse una alternativa viable un camino de montaña como es el viejo camino de La Pirámide, o las vías liberadas de pago que señala la concesionaria que abarcan 17 o 16 kilómetros.
