El TER de Valparaíso indicó, en su oportunidad, que no es posible aplicar en este procedimiento el plazo de reclamación establecido en el título V de la Ley N° 18.700, toda vez que dichos términos están determinados para elecciones populares directas, lo que no ocurre en la especie.
El recurrente arguye que no corresponde la impugnación deducida, dado que la resolución es inapelable, en tanto la naturaleza de ésta es la de un decreto, providencia o proveído.
El recurso se interpone en el contexto de la rendición de los gastos relacionados con la participación política de la mujer.
Se señala que los miembros del Directorio y del Tribunal Supremo del partido en formación son ex militantes de la DC, cuya intención es generar confusión en la ciudadanía, aprovechándose del capital político y prestigio que goza el Partido Demócrata Cristiano.
El Tribunal a quo, informó que la resolución en contra de la cual se dirige el recurso de apelación, es un auto el que no sería apelable atendido lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N° 18.593.
En el recurso de apelación se alega que la resolución impugnada ésta permite continuar la tramitación del procedimiento de remoción sin que la reclamante haya cumplido el requisito señalado en el artículo 17 N° 3 de la Ley N° 18.593.
El recurso de apelación fue deducido con ocasión de impugnar la decisión del TER, en que rechazó el incidente de todo lo obrado por falta de emplazamiento legal de la parte reclamada.
El fallo expresó que lo reclamado, esto es, la sentencia del Tribunal Supremo, que procede a la calificación electoral de las elecciones internas, no cumple con los presupuestos procesales para su admisibilidad.
La sentencia confirmada , manifestó que es un hecho no controvertido que el candidato Miguel Rojas renunció a RN, en junio de 2018, dejando, en consecuencia, de integrar la Lista del Pacto Chile Vamos, RN e Independientes, sin subpactos, de la que formó parte en las elecciones municipales de octubre de 2016.
El alcalde recurrente explica que, la sentencia del TER debe dejarse sin efecto, oponiendo para ello excepción de prescripción de la responsabilidad administrativa.
