TC ordenó poner el presente requerimiento en conocimiento del señor Presidente de la República, del Senado y de la Cámara de Diputados, enviándoles copia del mismo, del escrito, y de la respectiva resolución, para que, en su calidad de órganos constitucionales interesados, dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha de la comunicación, formulen las observaciones y presenten los antecedentes que estimen pertinentes, luego de lo cual, le corresponderá al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Por su parte, los Ministros Vodanovic, Fernández Baeza, Peña, junto a los Ministros Fernández Fredes y Viera-Gallo, han concurrido reiteradamente a las decisiones previniendo que la reclamación de la filiación no sólo constituye un derecho desde la perspectiva de posibilitar el legítimo ejercicio de las facultades que conlleva tal calidad; también constituye un derecho desde el momento en que permite concretar el derecho a la verdad biológica.

Con todo, deja constancia en su acuerdo de los motivos que cada uno de los Ministros esgrimieron como fundamentos de sus votos.

«privar a los atentados contra el derecho a la honra, que no constituyan delitos específicos, de la protección de la ley, pues, mientras las lesiones a otros derechos igualmente no constitutivas de delitos dan lugar a indemnización por todos los daños patrimoniales y morales causados, de acuerdo a la regla general (art. 2329), las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho a la indemnización del daño moral, que es naturalmente el producido por esta clase de atentados y, ordinariamente, el único».

Cabe recordar que el proceso para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la citada disposición legal se abrió de oficio por el Pleno del Tribunal –aunque con el voto en contra del Ministro Fernández Fredes por las consideraciones que éste expuso en sus disidencias en los Roles Nº 943 y 1185-, luego de que previamente se había declarado inaplicable en los Roles Nºs 943 y 1185.

En cuanto al contrato que celebra un afiliado con una determinada Isapre, el Tribunal observa que no equivale a un mero seguro individual de salud, regido por el principio de autonomía de la voluntad, pues opera en relación con un derecho garantizado constitucionalmente a las personas en el marco de la seguridad social y en que la entidad privada que otorga el seguro, tiene asegurada, por ley, una cotización, o sea, un ingreso garantizado.

El citado precepto legal había sido declarado ya inaplicable en cuatro oportunidades, en los dos primeros casos por transgredir el artículo 19 Nº 2 y 9 de la Carta Fundamental, mientras que en los dos más recientes por vulnerar además el numeral 18 de esa misma disposición.

La Magistratura Constitucional, actuando de oficio, abrió proceso para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del artículo 2331 del Código Civil, que establece: «Las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero; […]

El fallo agrega que si bien la restricción satisface la exigencia de encontrarse clara y suficientemente determinada en la ley, la previa consignación exigida no puede justificarse como un modo de evitar reclamos injustificados o litigación puramente dilatoria y no constituye un medio idóneo para alcanzar esos fines, pues se aplica con entera independencia de que el juez estime un reclamo fundado, con plausibilidad de ser acogido, o si lo considera infundado, temerario o puramente dilatorio.

El TC no hizo lugar a la acción deducida por no reunirse el quórum de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio que exige la Carta Fundamental para declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal.