Con sentencia del Tribunal Constitucional se reactiva un proceso judicial que busca evitar el cumplimiento de una decisión de Consejo para la Transparencia (CPLT), en la que se estableció la calidad de pública de aspectos asociados a concesiones del servicio público de telefonía inalámbrica.
La decisión tampoco careció de racionalidad, toda vez que el reclamante no invocó la existencia de ningún vínculo social que dé cuenta de arraigo al país en su periodo de permanencia.
La Comisión Chilena del Cobre, así como su Vicepresidente ejecutivo cuentan con atribuciones que le permiten cumplir con su rol como órgano especializado y técnico de determinación del valor de exportaciones e importaciones a empresas.
El Tribunal de alzada consideró que la entidad edilicia carece de legitimación para recurrir de la decisión.
El tribunal de alzada descartó infracción en la resolución exenta que rechazó la reclamación.
El Tribunal de alzada desestimó el recurso, tras establecer que la emisión de contenidos audiovisuales violentos, en horario de protección, pone en riesgo el derecho a la salud física y síquica de los menores, e infringe las normas que regulan el correcto funcionamiento de los servicios de televisión.
No se acreditó que las falencias formales denunciadas hayan derivado en la afectación específica, real y concreta de derechos de algún miembro de la comunidad escolar, por lo que la falta debe ser considerada como leve y no como menos grave.
El tribunal condenó a la empresa al compartir que la fiscalización realizada por la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, detectó la efectividad de la infracción.
El máximo Tribunal coincidió con cada uno de los motivos desarrollados en el fallo apelado para descartar las alegaciones postuladas por la recurrente.
El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal de la superintendencia recurrida al aplicar la sanción reclamada.
La diferencia entre infracciones menos graves y leves consiste en que la falta, en el primero de los casos, debe guardar relación con aquella parte del ordenamiento jurídico educacional que establece o regula los “deberes y derechos” de los integrantes de la comunidad educativa.
