La actora solicitó se recalificaran las infracciones como leves, sin embargo, es la propia Ley que califica como graves aquellos incumplimientos a los requisitos para obtener el Reconocimiento Oficial del Estado, y en los que incurre la reclamante.

El reclamante alegó que debió imponérsele a lo más de una multa por haber construido un solo camino, sin embargo, la Corte confirmó lo resuelto por la DGA que aplicó 6 multas, ya que 6 fueron las intervenciones efectuadas al cauce para la construcción de un camino, aunque rebajó el quantum.

Con todo, no resulta procedente declarar en lugar de la resolución dejada sin efecto, que los terrenos efectivamente se encuentran fusionados, pues esa declaración excedería los márgenes del reclamo de ilegalidad. Deberá emitir un pronunciamiento en concreto y razonado de los motivos de su rechazo a la solicitud.

La reclamante solicitó además la indemnización de los perjuicios causados por el municipio, lo que fue desestimado por la Corte, puesto que tal petición excede los márgenes de la acción de reclamación dispuesta en el artículo 151 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal de la recurrida al sancionar a la minera.

El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario del CPLT al compartir que la información solicitada por Ley de Transparencia, no tiene carácter de reservada o sujeta a secreto.

El Tribunal de alzada desestimó la reclamación al considerar que la información solicitada tiene carácter público, por lo que no estaba sujeta a causal de reserva.

El Tribunal de alzada declaró improcedentes los reclamos al ser la información solicitada, relativa a convenios de pago de deudas tributarias y condonaciones de los clubes de fútbol profesional, de carácter público y no sujeta a causal de reserva alguna.

La Ley N° 19.886 no contempla, al menos en contra de sentencias definitivas, un recurso de apelación que permita revisar en segunda instancia el mérito de lo resuelto por el TCP.

El Tribunal de alzada descartó error o infracción al debido proceso en el procedimiento sancionatorio.